En una de esas tantas conferencias a la que he asistido escuché a un representante de un organismo internacional decir que el problema, o uno de los problemas mayores de estos países, dentro de los que se incluye la República Dominicana, es que la ley solo es para unos cuantos. Y que mayormente se le obliga cumplir a los de abajo, es decir a los pobres.

Lo que he visto últimamente en el sector Arroyo Hondo III parece ser uno de esos casos. Es algo indignante e insólito.

Los moradores de ese exclusivo sector, ricos -por supuesto-, decidieron cerrar la calle principal que enlaza la avenida República de Colombia (muy cerca de donde se construyen las edificaciones de la embajada estadounidense) y la avenida Sol Poniente, una de las más importantes de esa parte de la zona metropolitana.

Y  lo hicieron, dicen ellos a todo pulmón, con la autorización de las autoridades correspondientes y de varios «jefes».

Esa «junta de tutumpotes» (como decía el más honesto hombre de este país, el profesor Juan Bosch), compuesta en su mayoría por oficiales de altos rangos de la Policía y de las Fuerzas Armadas (activos y retirados), así como otros grandes jerarcas decidieron bloquear la importante vía de desahogo y han creado el peor caos del tránsito de la capital en esa parte del Distrito Nacional que une el oeste con el este y viceversa.

Para que tengamos idea, un tramo que normalmente debe hacerse en cinco minutos se ha incrementado hasta a cuarenta minutos.

La historia es larga, pero les cuento que dentro de esos afanes por adueñarse de esa vía pública a esos «dueños del país» le permitieron construir policías acostados con varillas y cemento. Si alguien lo duda conservo fotos.

En una ocasión un ex jefe de Policía que reside en el lugar decidió orientar el denominado «atajo» de una vía hasta que salió del puesto. Luego, a ese sector se le asignaron varios agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte solo para garantizarle mantener ligero el tránsito a favor de ellos.

Ahora instalaron bloqueadores de cemento de esos que coloca Obras Públicas en las autopistas o carreteras en construcciones y alegan que quienes cruzamos por ahí somos chiriperos y en el caso de las mujeres, sirvientas. No importa, si así fuera, es nuestro derecho como ciudadanos.

Debo aclarar que ninguna empresa o institución creó este lugar como urbanización. Esas calles, parecidas entonces carreteras, existían antes que las viviendas y el lugar fue urbanizándose con la construcción de residencias, individualmente. Esas calles son las que ellos decidieron reservar para ellos con autorización de las autoridades competentes, según dicen a boca llena.

Y no conformes, varios miembros de la Autoridad Metropolitana del Transporte, incluyendo oficiales en vehículos de esa institución, están al servicio de la «Junta de Poderosos» todos los días frente a la calle bloqueada para hacer cumplir la decisión de los «jefes» y cuyos tapones se crean ellos mismos con el uso, en sus majestuosas marquesinas, de hasta siete vehículos por vivienda.

Miércoles, qué indignante. No tengo nada contra los ricos, tengo muchos amigos de esos. Lo que me molesta son los que usan el poder económico y político para hacer lo que les viene en ganas. Estoy seguro que si se tratara de un barrio pobre (Los Girasoles o Las Ochocientas, por ejemplo), uno de sus vecinos cercanos, los obligarían a abrir la calle a bombazo limpio. Pero la Ley, bien hecha para el cumplimiento de todos, instrumento para gobernar una nación civilizada, la burlan, muy fácilmente, los grandes, y los poderosos. ¡Qué pena!

Y que no me aleguen que la medida busca desahogar el tránsito. Si así fuera, la directiva de «la Junta de ricachones» no estuviera desde las seis de la mañana junto a los agentes supervisando la ejecución de la medida que le avalaron las autoridades edilicias, como dicen los habitantes del también denominado «Barrio Fino».

No niego que parte de mi indignación se debe a que soy uno de los afectados. He tenido que modificar mi horario de trabajo, como miles de personas que transitan por la zona. 

Y quiero agregar, para el conocimiento de las autoridades y de esos imprudentes ricachones, prepotentes y violadores de la ley, que su medida puede costar vidas.

He visto en ocasiones ambulancias que se dirigen con pacientes de emergencia al Instituto de Cardiología abriéndose paso por las limitadas aceras o calzadas haciendo de ello un drama que raya en la impotencia y la indignación.

Y todo por la comodidad de unos pocos que alegan que el paso de vehículos les molesta. Diablo, así no, carajo. Esa medida es sencillamente ilegal. Y el cumplimiento de la ley debe ser para todos.