Ahora que se discute una nueva Constitución, los asambleístas deben  eliminar la disposición que establece la prescripción de la persecución  judicial pasado un tiempo.

Eso no es motivo de discusión, porque tanta gente anda con la soga a rastro a la espera de que los plazos los favorezcan y no puedan ser juzgados por sus crímenes.

Por más que uno intenta entender lo que ocurre en este país se da cuenta de que casi todo anda equivocado. Andamos patas arriba y resulta difícil entenderlo cuando uno aprendió a caminar con los pies sobre la tierra.

Cada día salta un escándalo de corrupción y los funcionarios del Gobierno y del Ministerio Público leen la prensa, escuchan la radio y la televisión y actúan como si fueran ciudadanos del común que carecen de la responsabilidad, obligación y autoridad para perseguirlos.

Cuando una persona entra a trabajar en un alto cargo público, se sabe que carece de bienes de fortuna y poco después exhibe una riqueza súbita, lo menos que debe hacer la autoridad es investigar de dónde proviene el dinero, determinar si son ciertas las historias de “herencias” que nadie conocía, regalos de “primos y amigos” residentes en Nueva York, o de donde se les antoje decir.

La investigación debe comprender a padres, hermanos, suegros, cuñados, primos, hijos, a nombre de los cuales se colocan bienes dudosamente adquiridos, para engañar la sociedad. Hace tiempo que se debió pasar de las palabras a la acción.

Mientras seguimos con el bla, bla, bla, cada día hay un nuevo escándalo relacionado con malversación de fondos públicos, con sobrevaluación de compras, obras y servicios adquiridos por el Gobierno.

La corrupción se ha convertido en una retranca para el desarrollo, ya que en las uñas de los rapaces se quedan los dineros propios para mejorar los servicios de salud, aumentar la calidad y la cobertura de la educación…y paro de contar. Lo más grave es la falta de sanción.

El último escandalazo nacional, demostrativo de la falta de intención de perseguir el delito, lo protagoniza el director del Departamento Contra la Corrupción cuando solicita a Nuria Piera y Alicia Ortega que le envíen sendos vídeos que contienen denuncias de distintos departamentos del Gobierno donde fueron detectadas irregularidades que deben ser investigadas y pueden llevar a quienes las cometieron ante las barras de los tribunales.

El rumor público debe mover la acción pública, pero ¿sólo le llega el rumor a la prensa, o es que los funcionarios son ciegos y sordos para lo que les conviene?