La información la dio el propio jefe de la Policía, el mayor general Manuel Castro Castillo, y cuando la leí en los periódicos comprendí de inmediato porqué, en materia de seguridad pública, estamos tan mal como estamos y porqué, también, no hay muchas esperanzas de que las cosas vayan a cambiar en un futuro cercano. En una concurrida rueda de prensa convocada para ofrecer informaciones sobre la muerte del periodista Blas Olivo, cuyo cadáver fue encontrado con varias heridas de bala en una finca del municipio de Piedra Blanca, en Bonao, el jefe policial explicó que el comunicador fue víctima de una banda que, además de robar vehículos, se dedicaba al sicariato y a dar tumbes a narcotraficantes. Según esas explicaciones Blas Olivo fue de alguna manera interceptado por los miembros de esa banda, aparentemente se resistió a ser despojado de su yipeta, y fue asesinado de tres balazos. Esa “peligrosa banda”, como la describe Castro Castillo, era dirigida por el recluso José Miguel Rodríguez Almonte (Job), quien cumple condena de treinta años por sicariato en la cárcel de Monte Plata, y la integraban tres segundos tenientes del Ejército y un cabo de la Policía. Si aquellos a los que se envía a la cárcel para proteger a la sociedad a la que han dañado con sus delitos pueden, desde allí, seguir delinquiendo, en este caso asociados con miembros de los organismos responsables de ofrecernos protección y garantizar nuestra seguridad, todo lo que se gasta en instalar cámaras de vigilancia, en equipar y tecnificar a la Policía o en poner a punto el costoso servicio de atención de emergencias 9.1.1 se irá por el desaguadero, pues ningún plan de seguridad ciudadana va a funcionar, llámese como se llame y cueste lo que cueste, mientras seamos incapaces de evitar que esas cosas sigan ocurriendo.