Si alguien con funciones públicas es públicamente acusado por autoridad competente de haber aceptado soborno, debe ser automático el inicio de un proceso judicial que debe culminar con las sanciones que dispone la ley.

La comprobación de la falta por la autoridad competente anula, en este caso, la necesidad de interposición de querella por parte de quien otorga el soborno, sobre todo porque este último ha sido beneficiario o favorecido por alguna acción que corre a cuenta del que ha aceptado la entrega de valores.

Las cosas serían diferentes si se tratase de que la autoridad ha incurrido en extorsión en perjuicio de alguien bajo cuestionamiento de la ley.

La cancelación, pura y simple, del funcionario en falta, contamina y distorsiona lo que debe ser el debido procedimiento en casos en que una autoridad acepte dádivas, regalos o soborno a cambio de beneficiar de alguna manera a una persona cuya conducta parecería ofensiva para los intereses de la sociedad y que, por tanto, es cuestionada en jurisdicción competente.

Todo lo anterior viene a cuento a propósito del caso de un coronel policial que habría aceptado RD$600,000 y un mayor que habría recibido de esta última suma un «regalo» de RD$100,000 a cambio de libertar a una persona sospechosa de delito por tener consigo RD$1,600,000 y una pistola.

Es obvio que quien haya pagado la suma señalada tenía cosas que ocultar y que era, por tanto, pasible de ser sometido a una investigación que resultó frustrada por la excarcelación irregular. Por cierto que nadie ha dicho, aunque se deduce, de qué era sospechoso el individuo que regaló los RD$600,000.

Son estos procedimientos los que conducen a abrigar dudas sobre los procesos de moralización, pues hay casos en que una cancelación equivale a un premio. Así no se llega.

Enhorabuena
La reunión que tienen programada los presidentes Leonel Fernández y René Preval con el propósito de reactivar la Comisión Mixta Bilateral es un paso trascendental hacia la búsqueda de soluciones para los problemas comunes entre la República Dominicana y Haití.

Los trabajos de esta comisión, que estuvieron muy activos en el período 1996-2000, quedaron paralizados en el cuatrienio 2000-2004, dejando pendientes asuntos que merecían atención urgente.

La reanudación de los trabajos abre buenas expectativas en las circunstancias presentes, cuando Haití cuenta con interlocutores idóneos para sustentar un diálogo franco y abierto, y lograr así el propósito común de ponerle remedio a muchos problemas que afectan a nuestros pueblos. Satisface que se den estos pasos tan necesarios para dos países que comparten un mismo territorio.