EFE 
Fuerzas policiales del régimen chavista rodean la embajada argentina en Caracas
Varias de las principales figuras de la oposición venezolana, que enfrentan órdenes de arresto, han estado escondidas en la residencia diplomática argentina en la capital, Caracas, durante más de ocho meses, donde han solicitado asilo.
Ahora, cuatro meses después de la elección presidencial manchada de julio en la que Nicolás Maduro declaró la victoria sin proporcionar ninguna prueba, las autoridades están cortando el acceso de la residencia a la electricidad, el agua y los alimentos, según Tomás Arias, un abogado del grupo de oposición.
Las seis personas desempeñaron varios papeles clave para la oposición venezolana, incluida la ayuda para organizar su campaña presidencial.
La medida de las autoridades venezolanas refleja un aumento de las medidas antagónicas por parte del gobierno autocrático que, según los analistas, tiene como objetivo transmitir un mensaje claro de que Maduro, que está programado para ser investido el próximo mes, tiene la intención de permanecer en el poder.
Según los analistas, Maduro, que tiene una larga historia de manipulación de elecciones a su favor, declaró la victoria contra Edmundo González, un diplomático que contaba con el respaldo de la líder de la oposición popular del país, María Corina Machado.
El presidente no ha publicado los recuentos oficiales de votos que respalden su afirmación, mientras que los publicados por la oposición muestran que González fue el claro ganador.
Las autoridades venezolanas ya han utilizado tácticas de intimidación en el pasado. Desde las elecciones de julio, agentes de policía han aparecido periódicamente fuera de la residencia diplomática con chalecos antibalas y máscaras faciales, a veces cortando la electricidad pero luego restableciéndola.
La última vez fue en septiembre, días antes de que González huyera del país. Una vez que se fue, los agentes se fueron.
Algunos expertos dicen que esta vez las autoridades están tratando de obligar a Machado, que también está escondida, a exiliarse.
“Es un intento de enviar un mensaje claro de que nadie de la oposición está a salvo en ningún lugar de Venezuela”, dijo Tamara Taraciuk Broner, experta en Venezuela del Diálogo Interamericano, una organización de investigación en Washington.
Esta vez, la policía no solo está cortando la electricidad, sino que también está destruyendo los fusibles para que la residencia ya no esté conectada a la red eléctrica, dijo Arias, el abogado del grupo. La policía también cortó el agua, impidiendo que los camiones cisterna y las entregas de alimentos accedan a la residencia, agregó.
“Lo que se ha intensificado es el problema humanitario”, dijo Arias. La policía, agregó, está “convirtiendo la embajada en una prisión”.
Un alto diplomático estadounidense, Brian A. Nichols, pidió al régimen de Maduro en una publicación en X el miércoles que permita que los seis “refugiados” abandonen el país y denunció las “tácticas hostiles”.
El régimen venezolano no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios por correo electrónico y mensajes de texto. Diosdado Cabello, uno de los aliados más poderosos de Maduro, calificó de “farsa” las acusaciones de acoso de la oposición en su programa de televisión.
Los activistas buscaron asilo en la residencia, ubicada entre las residencias diplomáticas de Rusia y Corea del Norte, después de que el fiscal general emitiera órdenes de arresto en su contra en marzo.
Días después, el Tribunal Supremo de Venezuela prohibió a Machado presentarse a las elecciones presidenciales, y el partido de oposición apoyó a González.
Estados Unidos y otros países, incluida Argentina, han reconocido a González como el legítimo ganador de las elecciones.
Días después de la votación, Maduro ordenó a los diplomáticos argentinos que abandonaran el país, y Brasil asumió la responsabilidad de la embajada.
El régimen venezolano ha desatado una ola de represión contra cualquiera que cuestione su victoria declarada, deteniendo a unas 2.000 personas y acusando a la mayoría de ellas de terrorismo. Grupos de derechos humanos la han descrito como la campaña de agresión más brutal de Venezuela en las últimas décadas.
Aunque los manifestantes salieron a las calles en gran número después de las elecciones, la reacción del gobierno ha hecho que la mayoría de los venezolanos se muestren reacios a hablar. Una manifestación convocada por la oposición el domingo pasado para exigir la liberación de los presos políticos tuvo una asistencia limitada.
Muchos de los que se presentaron se cubrieron el rostro. Algunos manifestantes dijeron que sus familiares encarcelados estaban enfermos y tenían pensamientos suicidas.
“No vamos a aceptar que nos den solo cadáveres para enterrar”, dijo Diego Casanova, explicando que su hermano ha estado encarcelado durante cuatro meses.
Machado también ha acusado a las autoridades de acosar a su madre con agentes encapuchados armados que se presentaron en su casa de Caracas con las sirenas a todo volumen.
La legislatura nacional aprobó la semana pasada una ley que convierte en delito punible con hasta 25 años de prisión el apoyar sanciones internacionales contra el gobierno.
Carlos Blanco, estratega de Machado, considera que el estrechamiento del cerco alrededor de la residencia diplomática es una señal de desesperación por parte del régimen de Maduro.
“El apoyo a Maduro es realmente mínimo”, dijo. “Lo que le queda a Maduro es pura y dura represión”.
Los activistas dentro de la residencia diplomática se negaron a ser entrevistados, citando preocupaciones de seguridad, pero en entrevistas con The New York Times poco después de las elecciones de julio, algunos describieron que vivían en un estado de ansiedad constante.
“Hoy estamos aquí”, dijo Claudia Macero, quien dirigió las comunicaciones del partido de Machado. “Mañana no sé dónde vamos a estar”.
Aun así, dijeron en ese momento que habían alcanzado una especie de paz sabiendo que, a pesar de la incertidumbre y la agitación, habían seguido sus conciencias y habían hecho todo lo posible para restaurar la democracia en su patria.
“Si este es el precio que tengo que pagar por hacer lo correcto”, dijo Pedro Urruchurtu, quien supervisó los asuntos internacionales de la campaña de la oposición, “entonces aquí estoy”.
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