Hoy 
La Constitución cumple el próximo día 26 el primer año de vigencia. El tiempo transcurrido parece suficiente como para haber puesto el inventario legal en armonía con la nueva Carta, o por lo menos adelantar en esa tarea.
Sin embargo, el Congreso tiene pendiente para antes del 26 de este mes la aprobación del Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral, así como la selección del Defensor del Pueblo, los integrantes del Consejo del Ministerio Público y los del Consejo del Poder Judicial.
También tienen pendiente, aunque con menos premura, el conocimiento de varios instrumentos adjetivos, como es el caso de los códigos Civil, Penal y del Menor, así como la postergada Ley de Partidos Políticos.
Una preocupación al respecto es que los congresistas todavía parecen empantanados con asuntos tan importantes como el Tribunal Constitucional y la Ley de Partidos Políticos y que se les ve muy empeñados en darle a la Constitución el primer retoque para reabrir el camino a la reelección presidencial, una prioridad del mismo clientelismo que impide concebir una Ley de Partidos Políticos.
El país necesita que se completen estas asignaturas pendientes y que la Constitución sea un instrumento sólido, no susceptible de ser manoseado por causa de intereses grupales, sino en virtud de una auténtica necesidad nacional.
Una paridad preocupante
La violencia entre los dominicanos se ha convertido en una preocupante patología social.
Las cifras de muertos por accidentes de tránsito y por hechos violentos se dividió mitad a mitad entre las 12:00 meridiano del 31 de diciembre 2010 y las 6:00 de la mañana del 1 de enero 2011: 31 murieron en accidentes y 31 por sucesos violentos que incluyeron dos acciones legales reportadas por la Policía.
Independientemente de cuántos más o cuántos menos murieron en períodos similares de 2009 y 2010, nos preocupa que las muertes violentas le disputen la supremacía a los accidentes de tránsito y esa parece ser la tendencia, a juzgar por la paridad entre muertos por accidentes y por violencia general.
Esta tendencia preocupante a dirimir los conflictos sociales por medio de vías de hecho en vez de a través de los recursos legales debe preocupar a nuestros especialistas de la conducta.
