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QUITO (AFP).- El asilo territorial otorgado por Colombia al prófugo ex presidente Lucio Gutiérrez reactivó este miércoles las críticas en Ecuador contra el gobierno de Bogotá, bajo sospecha de haber obrado políticamente y en represalia por el rechazo de Quito a su plan antidrogas.
«El gobierno de Colombia estaba resentido y ahora tuvo la oportunidad de desquitarse y lo hizo, pero creo que hay un rechazo mayoritario del pueblo ecuatoriano a esa decisión», dijo a la AFP Gilberto Talahua, coordinador del movimiento indígena Pachakutik (oposición).
Asimismo, el gobierno juzgó como equivocada y sin fundamento la actuación del presidente Alvaro Uribe, al tiempo que reparó en las razones esgrimidas por su gobierno.
«He visto los argumentos que sostienen esta decisión y no me parecen acertados como, por ejemplo, decir que Gutiérrez fue elegido popularmente y que además tuvo relaciones de amistad con Colombia», afirmó el ministro del Interior, Oswaldo Molestina.
El ex mandatario, quien fue destituido el 20 de abril en medio de una revuelta popular, llegó a Bogotá el 21 de septiembre y allí pidió asilo político, tras ser notificado de una orden de captura en su contra.
El martes el gobierno colombiano expidió un comunicado aceptando la solicitud, con los argumentos de que Colombia tiene «antigua y respetable tradición» en ese campo y que Gutiérrez «fue elegido democráticamente en una nación amiga».
El ex gobernante, quien apoyó el Plan Colombia contra las drogas y la insurgencia y a su vez fue acusado de haber llegado a acuerdos clandestinos con la guerrilla, afronta dos procesos en Ecuador por atentar contra la seguridad del Estado y violación de derechos humanos.
Si bien la canciller colombiana, Carolina Barco, descartó que el hecho vaya repercutir negativamente en las relaciones bilaterales, varios analistas interpretaron el mismo como un «desquite político».
«Este acto bien podría considerarse inamistoso por cuanto el presidente Uribe concedió asilo político a una persona que no tiene ninguna persecución, y que ha violado la protección que le dieron países amigos», expresó a la AFP Marcos Villarroel, analista internacional de la Universidad Central (estatal).
Antes de su llegada a Bogotá, Gutiérrez estuvo en Perú y Estados Unidos, adonde viajó tras renunciar al asilo político otorgado por Brasil poco después de su violenta salida del poder.
Por su parte, Adrián Bonilla, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), interpretó la decisión de Colombia como «una respuesta política a la presión de Ecuador» para que suspenda las fumigaciones de narcocultivos en la frontera común.
«En condiciones normales este asilo habría deteriorado las relaciones entre los dos países, pero como éstas no pasan por su mejor momento entonces lo que se trata es de presionar más a Ecuador», comentó el analista.
En coincidencia Hernán Reyes, politólogo de la Universidad andina Simón Bolívar (privada), dijo que la resolución de Bogotá es jurídicamente correcta por cuanto se apega a los tratados internacionales, pero deja un mal sabor diplomático.
«El asilo político de Colombia va de la mano con toda esa serie de impasses que han tenido los dos gobiernos por el Plan Colombia», declaró el catedrático a la AFP.
Además del tema de las fumigaciones, Bogotá y Quito han chocado por la negativa ecuatoriana a considerar terrorista a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).
