El hecho de compartir una isla y tener diferencias socio-económicas y culturales tan pronunciadas, son factores que obligan a la República Dominicana y la República de Haití a procurar sinergias provechosas para ambas naciones. De ese desequilibrio es que debe nacer una relación en la que ambos estados se asistan recíprocamente, actuando de manera complementaria en proyectos de desarrollo y en el diagnóstico y solución de los problemas comunes.

Hay señales muy promisorias de que el Estado dominicano está enfocado en el contexto señalado. El más reciente testimonio al respecto lo aporta el canciller Andrés Navarro, al reafirmar la voluntad dominicana de fortalecer cada vez más las relaciones con el vecino país y contrarrestar los esfuerzos de grupos que tratan de aprovechar sucesos violentos ocurridos en los últimos días contra ciudadanos haitianos, para promover distanciamiento.

El Estado dominicano ha creado instrumentos jurídicos para facilitar que los indocumentados extranjeros, y en particular los haitianos, regularicen su situación. También se esfuerza por darle formalidad al comercio fronterizo y expandir el intercambio para promover el desarrollo de proyectos comunes. Así, el Estado ejerce su soberanía, pero a la vez abre las vías para una relación de mutuo provecho, como debe de ser.

INOPERANCIA DEMASIADO CARA

Asusta pensar que el costo de cada sesión de los concejos de regidores en los municipios del país siga la inflada tendencia que caracteriza a los ayuntamientos del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. En el primero, ese costo en 2014 habría sido de RD$10,467,000.05 y en el segundo de RD$14,172,810.00, según cálculos de Waldys Taveras, portavoz de los regidores del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional.

Si las cifras de este cálculo son correctas, sería el más alto costo que paguen los munícipes para financiar estos encuentros de burocracia inoperante pero muy bien pagada. Se hace imperativo modificar los criterios que rigen el ejercicio municipal. Los ayuntamientos no pueden seguir siendo barriles sin fondo para alimentar apetitos de políticos con cargo a los munícipes.