Un juez federal infligió el viernes al presidente estadounidense Donald Trump y a su aliado multimillonario Elon Musk su primer gran revés en su desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, al anunciar que ordenará una pausa temporal en los planes de retirar a miles de empleados de la agencia.

El juez federal de distrito Carl Nichols, nominado por Trump, se alineó con dos sindicatos de empleados federales al acordar una pausa en los planes de poner a 2.200 empleados en licencia con goce de sueldo a partir del viernes a medianoche. Nichols enfatizó que su orden no era una decisión sobre la solicitud de los empleados de revertir la rápida destrucción de la agencia por parte del gobierno actual.

“Cerrarla”, declaró Trump en redes sociales sobre USAID antes del fallo del juez.

La Asociación Estadounidense de Servicio Exterior y la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno argumentan que Trump carece de la autoridad para cerrar la agencia de seis décadas de antigüedad sin la aprobación del Congreso. Legisladores demócratas han esgrimido el mismo argumento.

El gobierno de Trump se movilizó rápidamente el viernes para literalmente borrar el nombre de la agencia. Trabajadores en una grúa eliminaron el nombre de la fachada de piedra de su sede en Washington. Usaron cinta adhesiva para cubrirlo en un letrero y retiraron las banderas de USAID. Alguien colocó un ramo de flores afuera de la puerta.

El gobierno de Trump y Musk, quien dirige un Departamento de Eficiencia Gubernamental orientado a la reducción del presupuesto, han hecho de USAID su mayor objetivo hasta ahora, en un desafío sin precedentes para disminuir el tamaño del gobierno federal y eliminar muchos de sus programas.

Personal nombrado por el gobierno y los equipos de Musk han cancelado casi todos los fondos para la agencia, deteniendo programas de ayuda y desarrollo en todo el mundo, colocando a empleados y contratistas bajo licencia y permiso, e impidiéndoles el acceso a los sistemas de correo electrónico y de otro tipo de la agencia. Según legisladores demócratas, también se llevaron los servidores informáticos de USAID.

“Esto es un desmantelamiento completo de prácticamente todo el personal de una agencia entera”, le dijo Karla Gilbride —abogada de las asociaciones de empleados— al juez.

Brett Shumate, abogado del Departamento de Justicia, argumentó que el gobierno tiene toda la autoridad legal necesaria para poner al personal de la agencia en licencia. “El gobierno hace esto de manera general todos los días”, declaró Shumate. “Eso es lo que está sucediendo aquí. Es sólo una cifra grande”.

El fallo del viernes es el revés más reciente en los tribunales para el gobierno de Trump, cuyas políticas para ofrecer incentivos financieros con el fin de que los trabajadores federales renuncien y acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento para cualquier persona nacida en Estados Unidos de alguien que se encuentra ilegalmente en el país han sido pausadas temporalmente por los jueces.