La proximidad de la elección de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) ha provocado un movimiento proselitista en torno a los actuales integrantes del organismo que aspiran a ser ratificados en sus cargos.

Las aspiraciones de los doctores  Julio César Castaños Guzmán y Roberto Rosario, quienes compiten por la presidencia de la nueva JCE, ha llevado el activimismo a favor de uno o de otro, no solo al Congreso Nacional, sino también a todas las dependencias del organismo electoral.

Prohibición. Esa situación motivó que la Cámara Administrativa que preside el doctor Rosario, emitiera la Circular número 42, mediante la cual se instruye a todos los funcionarios y empleados de las Juntas Electorales y las Oficialías del estado Civil, “abstenerse de emitir expresiones públicas de promoción o simpatías” hacia personas que a lo interno o externo de la JCE, tengan legítimo derecho a ser valorados para ocupar funciones en cualquiera de los órganos concebidos en la nueva Constitución.

La comunicación, que firma el doctor Rosario, expresa que aunque lo preferible es que el personal administrativo no intervenga en el proceso debido a su vinculación laboral, si así lo deseare, “sus opiniones y/o preferencias solo pueden ser canalizadas por la vía institucional correspondientes, sin desmedro de cualquier aspiración que pudiera tener parte del personal que considere que puede ser valorado para desempeñar una de estas funciones”.

Los “amarres”. Han estado a la orden del día. Fuentes fidedignas dan cuenta de que las reuniones y el envío de “recados” por parte de algunos jueces en procura de apoyo, incluye a legisladores, organizaciones de la sociedad civil “y hasta al presidente (Fernández).

 Los promovidos.  Hasta ahora, de los actuales 9 jueces de la JCE  están siendo promovidos además de Castaños Guzmán y Rosario,  José Angel Aquino, César Féliz y Féliz,  Eddy Olivares y Leyda Piña.

Ayer, un grupo de personas portando pancartas se apostó frente al Congreso, demandando del presidente Fernández y de los senadores, la ratificación de los tres miembros de la Cámara Administrativa; Rosario, Olivares y Féliz.