La Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos (ASUME) expresó este jueves su preocupación ante la reciente iniciativa, presentada durante un almuerzo en la Unión Nacional de Empresarios (UNE), de eliminar el anticipo del 20% contemplado en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación No. 543-12.

José Amaury Fuertes, presidente de la entidad en representación de la misma aclara que, este anticipo, establecido como un derecho legal, es una herramienta crucial que permite a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), participar de manera efectiva en los procesos de contratación pública.

El anticipo del 20% no solo facilita el inicio de los contratos, sino que también juega un papel clave en la inclusión de PYMES en las licitaciones públicas, al:

Reducir Barreras Financieras: Muchas PYMES carecen del capital de trabajo necesario para asumir la totalidad de los costos iniciales de los contratos. El anticipo les permite financiar materiales, insumos y otros gastos esenciales para cumplir con los compromisos adquiridos.
Recuperar Costos Iniciales del Proceso de Licitación: El anticipo ayuda a los suplidores, especialmente a las PYMES, a cubrir los altos costos asociados con el proceso de licitación, incluyendo la obtención de fianzas, el envío de muestras obligatorias y otros gastos administrativos que representan una carga significativa para estas empresas.
Fomentar la Competitividad Local: Proporciona a las PYMES una oportunidad real de competir en igualdad de condiciones con empresas más grandes, promoviendo la diversificación de los suplidores y el desarrollo económico local.
Proteger la Transparencia y Eficiencia: La Ley 340-06 exige que los suplidores presenten garantías de buen uso del anticipo, las cuales son incondicionales, irrevocables y ejecutables a primer requerimiento. Estas garantías protegen a las entidades contratantes contra cualquier mal uso de los fondos entregados, asegurando la correcta ejecución de los contratos.

Agrega en sus comentarios que:” Eliminar este mecanismo afectaría de manera desproporcionada a las PYMES, que constituyen un motor esencial de la economía dominicana, limitando su capacidad para participar en los proyectos de desarrollo público. Además, podría provocar un aumento en los costos de las licitaciones, al reducir la competencia y concentrar los contratos en un número limitado de empresas con mayor capacidad financiera.”

ASUME enfatiza que el anticipo no representa un riesgo para el Estado, ya que está respaldado por garantías efectivas que protegen el buen uso de los recursos públicos. En lugar de eliminarlo, es fundamental fortalecer su aplicación, supervisión y transparencia para maximizar sus beneficios para todas las partes involucradas.

Invita además dado el carácter institucional a que otros sectores se una a oponerse a tan funesta iniciativa.

Hacemos un llamado al Consejo Unificado de las EDES y a las autoridades responsables a reconsiderar esta propuesta, promoviendo un diálogo abierto que permita encontrar soluciones que respeten la legalidad, beneficien a las PYMES y garanticen el desarrollo sostenible del sector eléctrico.

Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los suplidores, la promoción de la competitividad y el fortalecimiento del sector eléctrico en la República Dominicana.