Un planteamiento hecho por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, al exponer en una actividad patrocinada por este diario como parte de los actos conmemorativos de sus 25 años, obliga a revisar las calificaciones de quienes han tenido por tarea la lucha contra los actos de corrupción.

Ha dicho, con elemental sencillez pero con sobrada razón, que la corrupción es fácil de combatir en este país si se parte de un procedimiento muy simple, que apenas implicaría operaciones de suma, resta y comparación.

En todo el tiempo que llevan las autoridades de este país pregonando sus esfuerzos por combatir los actos indecorosos cometidos contra el erario o en perjuicio de los intereses de grupos de ciudadanos en operaciones privadas, es insignificante el número de personas castigadas por estos actos.

-II-

La facilidad que invoca el presidente del Tribunal Supremo para detectar actos de corrupción podría dar buen resultado si en nuestro país fuese posible que sea el ciudadano bajo sospecha quien deba demostrar su inocencia, sobre todo en aquellos casos en que el crecimiento vertiginoso de una fortuna haga sospechar que podría tratarse del resultado de operaciones insanas.

Algo tan elemental como la declaración jurada de bienes, que facilitaría la comprobación del origen de ciertas fortunas, se ha relajado tanto en nuestro país que ya para los funcionarios su presentación parece más una opción elegible a voluntad que una obligación ineludible.

Luego, si es tan difícil lograr que quienes asuman funciones públicas declaren oportunamente los bienes que poseen, y si nadie se toma el trabajo de certificar la validez de tal declaración en aquellos casos en que se cumple con la obligación de presentarla, sería cuesta arriba pretender que sea fácil detectar y perseguir los actos de corrupción.

-III-

En este país se han realizado veintenas de investigaciones y sometimientos judiciales contra personas que han desempeñado funciones de Estado, acusándolas de corrupción, pero se pueden contar con los dedos de las manos los que hayan resultado condenados.

Unas veces, los expedientes mueren engavetados y en otras ocasiones, cuando pasan el tamiz del juicio oral, público y contradictorio, suelen producirse sentencias que llenan de vergüenza.

En resumidas cuentas, en materia de lucha contra la corrupción la facilidad de la comprobación de sospechas tiene una contraparte, una recíproca que hace difícil, cuando no imposible, que se llegue hasta el castigo del acto de corrupción. Una ostensible falta de voluntad –no política como suelen denominarla algunos, sino moral y ética- impide que en la práctica  las cosas resulten tan fáciles como las plantea el presidente de la Suprema Corte, y  como deberían ser.