MÉXICO. AFP. La acusación de la Fiscalía de México a mandos de la Policía Federal por falsear declaraciones sobre un ataque que hirió a dos agentes estadounidenses, profundizó la crisis en la Secretaría de Seguridad Pública, considerada una consentida del presidente Felipe Calderón.

La fiscalía general acusó el fin de semana a cuatro mandos policiales de pedir a 14 uniformados, actualmente presos, que mintieran sobre el ataque al auto blindado y con placas diplomáticas en que iban los agentes estadounidenses y un marino, en una carretera a las afueras de la capital el 24 de agosto. Antes había sido procesado otro jefe policial por el mismo caso.

En sus primeras declaraciones los policías, que enfrentan cargos por intento de homicidio, dijeron que al momento del incidente «se transportaban en vehículos particulares e iban vestidos de civil», pero horas después, cambiaron la versión y aseguraron que estaban uniformados y en sus patrullas. La Procuraduría General de la República (fiscalía), subrayó en su informe que los agentes reconocieron por escrito que sus jefes les instruyeron mentir.

Esos señalamientos han aumentado las tensiones entre la fiscalía y la Secretaria de Seguridad Pública, de la cual depende la Policía Federal.

Desde el ataque, considerado por la embajada de Estados Unidos como una «emboscada», la secretaría de Seguridad había asegurado que se trató de una confusión pues sus hombres investigaban un secuestro y dispararon en defensa.

Sin embargo, el informe de la fiscalía aseguró que los policías no habían sido asignados al caso de secuestro y que los casquillos hallados en la carretera correspondían a sus armas y no a las de los ocupantes del vehículo.

Al reporte de la fiscalía respondió la comisionada de la Policía Federal, Maribel Cervantes, quien aseguró que los uniformados «no se dieron cuenta de las placas (diplomáticas)» de la camioneta y simplemente dispararon «ante la percepción, dicen ellos, de que había un disparo al aire».

Problemas de corrupción. El ataque a los estadounidenses ha vuelto los ojos sobre los problemas de corrupción en la Secretaría de Seguridad, que recibió millonarios recursos durante el sexenio de Calderón (2000-2012), el cual concluye el próximo 1º de diciembre.

Pero también abrió una brecha dentro del gabinete de Calderón con enfrentamientos entre el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y la fiscal general Marisela Morales, que incluso habrían llegado a gritarse durante una reunión de ministros, según el diario El Universal.

Al interior de la Fiscalía el proceso a los policías también parece haber generado diferencias. El responsable de las pesquisas contra el crimen organizado renunció sopresivamente tres días antes de darse a conocer el resultado de la investigación. Las dos dependencias, junto al ejército y la Marina, han sido pilares en la gestión de Calderón en su estratagia de choque contra los cárteles de la droga lanzada hace seis años, que ha dejado unos 60.000 muertos, según estimaciones no oficiales.

Hay una «descomposición» en la Fiscalía y la Secretaria de Seguridad Pública, aseguró a la AFP Eduardo Gallo, activista contra el secuestro y expresidente de la ONG «México unido contra la delincuencia».

Gallo, cuya hija fue secuestrada y asesinada en 2000, señaló que la guerra de declaraciones es solo «una columna de humo» pues ambas instituciones han sido infiltradas por la delincuencia.

Supersecretaría de Seguridad. Para hacer frente a las acusaciones de que las policías estatales y municipales, habían sido corrompidas por los cárteles, Calderón fortaleció a los federales, aumentó su pie de fuerza, equipos y tecnología. También se aplicaron miles de exámenes de control de confianza a los policías.

Pero al mismo tiempo, García Luna «acumuló mucho poder político, fue el consentido de Calderón y no tuvo suficiente control sobre la corrupción y el respeto a los derechos humanos», dijo a la AFP Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En medio de la polémica, el presidente electo Enrique Peña Nieto, anunció la semana pasada una iniciativa para eliminar a la Secretaría de Seguridad Pública y poner a la policía federal bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación (interior). María Cristina Rosas, presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre la Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, cuestiona empero que se proponga un cambio abrupto, que interrumpe la búsqueda de una policía eficaz.

«Preocupa que toda la estructura de policía científica, de investigación y preventiva se venga abajo cuando quede a cargo de la secretaría de Gobernación», concluyó Rosas.