La puesta en servicio el jueves y el viernes pasados de obras construidas con recursos del Estado en las provincias de Santiago y Puerto Plata, puede ser recibida como importante indicación de que el gobierno está en condiciones de dar mayor atención aun a sentidas necesidades que la nación presenta en diferentes puntos de su geografía.
El centro regional, extensión de la Universidad Autónoma de Santiago (UASD), que comenzará a operar en la ciudad atlántica, era demandado desde hace años por comunidades de la zona que merecen un acceso a la enseñanza superior de patrocinio estatal y bajo el sello de la más vieja institución académica del Nuevo Mundo.
Otras realizaciones para reforzar la enseñanza primaria, la comunicación vial y la salubridad en beneficio de colectividades de las citadas jurisdicciones, fueron también inauguradas por el gobierno, que completó así inversiones que sobrepasan los dos mil millones de pesos.
Vista de conjunto, la deuda social actual representada por la falta de acueductos, escuelas, carreteras, hospitales y un suministro permanente y de bajo costo de la electricidad, entre otros saldos negativos, constituye un ingrato recordatorio de que el Estado ha cumplido con pobreza y retraso su rol de promotor del desarrollo y el bienestar en la República Dominicana.
Es por ello que las corrientes de opinión pública no cesan de reclamar la aplicación de criterios de equidad en el uso de recursos públicos y que las autoridades se consagren a tomar en cuenta las urgencias de la sociedad a partir de lo que la propia sociedad indica.
La muy reciente encuesta Gallup-HOY canalizó reclamos que están a la vista: el 60% de los encuestados a nivel nacional y en este mismo mes estimó necesario que el gasto oficial privilegie la salud; el 52% señaló a la educación como prioridad y el 42% dio importancia a la ayuda a los pobres.
Apenas el 0.9% consideró prioritarias las obras del Metro de Santo Domingo, donde el gobierno concentra gran parte de sus inversiones.
El hecho, innegablemente plausible, de que el Estado culminara una serie de proyectos en dos provincias, puede interpretarse como ratificación, con hechos, del criterio de que procede diversificar las ejecutorias oficiales llegando todavía más lejos.
En meses anteriores, el presidente Leonel Fernández encabezó encuentros regionales en diversas localidades, para escuchar y establecer compromisos de atención a reclamos de obras.
Luego produjo consultas en el Palacio Nacional con los gobernadores provinciales, intercambios que con toda seguridad permitieron al gobierno central tomar conciencias de las urgencias que se diseminan por el territorio nacional. En sus manos está pues ese inventario, probablemente mayor que sus posibilidades. Pero el solo hecho de concentrar atención y recursos en lo básico resultaría provechoso para la nación como un todo, con Metro o sin Metro.
Necia intolerancia
De nuevo alguna autoridad se manifiesta arbitrariamente en este país contra alguna manifestación de ideas en los espacios públicos. Como para que no nos olvidemos de los largos períodos de opresión e irrespeto a la dignidad humana del pasado. La imagen del guardia con el tolete, reflejada hace mucho en un merengue de tierra adentro que se hizo muy popular, cobró vida ayer contra un grupo de jóvenes que se proponía montar una feria contestataria, algo así como la contraparte a la exhibición oficialista en favor del presidente Leonel Fernández que tuvo efecto hace poco en la Ciudad Ganadera. Iba a ser la otra cara de esa moneda de los gobiernistas sobre la realidad nacional, al decir de los organizadores de la exhibición que debió permitirse en el parque Duarte de la Zona Colonial. Pero agentes policiales impusieron su arbitrariedad y nada pudo hacerse. Excepto que con su acto de fuerza es probable que provoquen un sentimiento de solidaridad y simpatía hacia los patrocinadores de la demostración, que bien pueden presentarse ante el país como víctimas de un exceso contra la libre manifestación de ideas y el derecho a la crítica. Y puede esperarse también que tan pronto sea vencida la intolerante actitud policial y la feria en cuestión encuentre espacio en algún lugar, público o privado, un número de ciudadanos mayor de lo esperado se interese en ir a ver y escuchar esa otra campana sobre la situación social y económica del país. Y que no se alegue que los organizadores del acto carecían de permiso oficial. ¿O acaso tenían ese permiso los organizadores de la Feria de hace algunos días?