Atolladero forense

Atolladero forense

Por Sergio Sarita Valdez
Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, el sistema judicial dominicano pretende colocarse a la altura de los nuevos tiempos, actualizando el formato mediante el cual se componen y manejan los expedientes en la justicia. Al tiempo que se emite una señal de progreso en los tribunales, se hacen indispensables ciertos requisitos que antes no se tomaban en cuenta.

El aporte de las evidencias científicas en los casos de homicidios y otros tipos de muertes violentas exigen de la elaboración de un experticio medicolegal lo más completo, claro, preciso, sin ambigüedades y oportuno, cosa que hoy por hoy constituye un sueño fallido en la República Dominicana. La infraestructura existente es deficiente y obsoleta en todos los órdenes. Ni siquiera se cuenta con un sistema que garantice la continuidad frigorífica en el almacenamiento de los cadáveres.

Sin pretender ofender a la raza porcina, hemos tildado de pocilga la actual sede del Instituto Nacional de Patología Forense. Nunca hubo un sitio de recepción de muerto tan antihigiénico y anacrónico como lo es la presente morgue de Patología Forense. Asco, asombro y vergüenza es lo que experimenta quien ose penetrar la sala de autopsia de dicho centro. Las familias que viven en el perímetro inmediato del área en cuestión, ven amenazada su salud ambiental, debido a los malos olores que despiden los cuerpos en descomposición y los depósitos de restos cadavéricos líquidos y sólidos en el patio del recinto.

La indolencia gubernamental en higienizar el entorno, conjuntamente con el abandono, las carencias y la ineficiencia en el servicio son, en parte, responsables del atraso en completar los millares de casos de autopsias pendientes de un informe. Por cuatro años hemos vivido en la orfandad de un plan de desarrollo medico-forense en el país. La desgana y la rutina han carcomido la iniciativa que a principio se percibía en el campo de la medicina legal criolla.

Para optimizar los servicios médico-forenses nacionales se requiere de una enérgica política estatal capaz de darle un giro de 180 grados a todo lo que ha sido la práctica de la patología forense dominicana. Urge construir un nuevo recinto central en un lugar más apropiado, equipado con modernos aparatos provistos de la nueva tecnología de punta de laboratorio, muy en especial la toxicología de avanzada.

La descentralización es una prioridad inaplazable a fin de llenar las necesidades presentes en el sur, el este, nordeste, norte y noroeste del territorio, entiéndase, Azua, Barahona, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macoris, La Romana, San Francisco de Macorís, Puerto Plata y Montecristi. El propósito final debe ser el contar con la suficiente capacidad para resolver adecuadamente los requerimientos medicolegales en cada una de las comunes cabeceras nacionales.

Se debe reactivar la Comisión Medico-forense que por decreto fue establecida a fin de supervisar los trabajos y elaborar los proyectos de desarrollo de esa especialidad. Hay que retomar y fortalecer el programa de atención a la mujer y niño maltratado. Es importante reiniciar la coordinación con la Defensa Civil, Cruz Roja y las demás instituciones para las labores de emergencias y desastres nacionales.

La crisis que en todos los órdenes sacude a la nación se expresa en el ámbito forense a través de su incapacidad para responder con prontitud, responsabilidad y eficiencia a  las situaciones de violencia en todas sus modalidades, resultado del desorden  generado por una ola de crímenes, robos, asaltos, violaciones y drogas que como plaga se ha extendido por todo el cuerpo social de la república.

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