POR TANIA HIDALGO
Los representantes del ministerio público pidieron anoche al juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional,  Alfredo Ríos Fabián, acoger la acusación formulada en contra de los ex funcionarios, sindicalistas y empresarios del transporte acusados de estafar al Estado, a través del Plan Renove y enviarlos a juicio de fondo, así como reiterar las medidas cautelares que le fueron impuestas en noviembre pasado.

Al emitir sus conclusiones durante el juicio preliminar seguido al vicealmirante retirado Ramón Emilio Jiménez Reyes, Fabio Ruiz, Siquió Ng de la Rosa,  Johnny Morales, Sam Goodsom, Milcíades Amaro Guzmán, Gervasio de la Rosa, Antonio Marte, Blas Peralta, Antonio Pérez, Alfredo Linares (Cambita), Antonio Reynoso (Padre Toño), Freddy William Méndez , Ángel Rijo Rondón y Diógenes Castillo, el ministerio público señaló que existen pruebas suficientes que sustentan la acusación y que justifican una condena en un juicio de fondo.

En el conocimiento del proceso que llegó ayer a su décimo día, los procuradores adjuntos Francisco García y Ernesto Mena, el subdirector del Departamento de Prevención contra la Corrupción (Depreco), Hotoniel Bonilla, y el fiscal adjunto John Garrido dijeron entender que los acusados incurrieron en complicidad, falsedad en escritura pública y privada, prevaricación, desfalco o malversación, soborno o cohecho, estafa y asociación de malhechores.

El subdirector del Depreco, en sus conclusiones, solicitó además al juez Ríos Fabián intimar a las partes para que en un plazo común de cinco días comparezcan al tribunal de juicio, a fin de que señalen allí el lugar para las notificaciones correspondientes.

La audiencia fue reiniciada ayer después del mediodía, debido a la tardanza del Ministerio Público para presentarse al tribunal, con el planteamiento tanto del juez como de las partes sobre la metodología a seguir para la  exposición de las conclusiones, lo que se prolongó más de dos horas.

Previamente, el abogado de Morales, Eric Raful, se había quejado del retraso de los representantes del ministerio público, de quienes señaló ni siquiera tuvieron la cortesía de pedir disculpas, a pesar de que lo esperaban desde las 9:00 de la mañana.

Sin embargo, el ministerio público alegó que  la audiencia no podía ser iniciada sin la presencia de Diógenes Castillo, a quien el juez concedió un permiso para que se retirara porque se le había muerto un familiar cercano.

  Bonilla exigió que para el sano desenvolvimiento del proceso se hiciera constar en acta la ausencia del ex funcionario. En ese instante, el representante legal de Castillo comunicó a la sala que su representante llegaría a las 3:00 de la tarde.

El magistrado dio un receso hasta las 3:20, tiempo en que fue reanudada la audiencia con las motivaciones y conclusiones del ministerio público contra cada uno de los acusados, iniciando con Jiménez Reyes.  

De su lado,  Francisco Álvarez hijo, abogado de Jiménez, solicitó al juez hacer justicia con su defendido, al asegurar que fue injustamente acusado por el ministerio público, y cuya salud ha desmejorado en los diez “largos” días  del juicio preliminar.

El jurista, al entrar en los debates y conclusiones, sostuvo que el paso de su defendido por el Renove fue muy efímero, y que nunca ha tenido problemas con la justicia.

Resaltó  que a Jiménez fue el  único acusado al que el juez del Segundo Juzgado de la Instrucción no le impuso medidas de coerción.

Dijo estar deseoso por escuchar cuál es el hilo que vincula a su defendido con las supuestas irregularidades cometidas en el Plan Renove.

En ese sentido, solicitó al juez emitir una auto de no ha lugar a favor de Jiménez.

De su lado, Ingrid Hidalgo, en representación del sindicalista Fabio Ruiz, ex presidente del Renove, negó que éste haya entregado vehículos a sus familiares, como se hace constar en la auditoría de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.

Dijo además que Juan Hubieres no entregó ni una chatarra al Plan Renove como condición para recibir guaguas nuevas.

Cuestionó en sus conclusiones que todos los testigos a cargo de Ruiz les fueran retirados por petición del ministerio público.

Solicitó al juez Ríos Fabián excluir todas las fotocopias de documentos presentados en el tribunal por el Depreco y la Fiscalía, por entender que los mismos no constituyen pruebas, según contempla el Código Procesal Penal, que establece que éstos deben ser originales.

Por último pidió que su cliente sea favorecido con un no ha lugar.   Pasadas las 12:00 de la noche, además de Jiménez y Ruiz Rosado, habían expuesto sus conclusiones los abogados de  Ng de la Rosa, Antonio Marte, Milcíades Amaro Guzmán, Francisco Antonio Pérez, Johnny Morales y Antonio Reynoso.

En principio se había acordado un tiempo de 45 minutos para que cada abogado presentara sus conclusiones, pero pasada las 11:30 de la noche, el juez lo redujo a 20:00 minutos. Esta medida fue tomada, luego que el ministerio público pidiera el aplazamiento del proceso para hoy a las 9:00 de la mañana, tras alegar agotamiento. Sin embargo, el magistrado lo rechazó y dijo que concluiría “a la hora que fuere”.

Antes  de concluir la audiencia algunos de los acusados se retiraron, entre ellos Morales, quien dijo sentirse aquejado salud, mientras que Ng de la Rosa argumentó que reside en San Francisco de Macorís.