El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció hoy que apelará la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Duarte, que impone cinco años de prisión a la imputada Marlin Martínez, implicada en la muerte de la adolescente Emely Peguero.

En una alocución para dar a conocer su posición frente a la decisión del tribunal, Rodríguez expresó, sin embargo, su valoración por el fallo que condena a 30 años de reclusión a Marlon Martínez, hijo de la acusada y señalado como el autor material del hecho.

«Valoramos los 30 años de prisión que han sido otorgado a Marlon Martínez, no tanto así con el dispositivo y las razones; pero 30 años siendo la pena máxima, nos sentimos satisfechos y valoramos», expresó el funcionario.

No obstante, dejó claro que a pesar de que respetan las facultades de los jueces de dictaminar, no comparte los cinco años que fueron otorgados a Marlin, por lo que estarán apelando la decisión de manera formal.

«No la apelamos por capricho, no la apelamos por deporte, la apelamos porque tenemos el derecho a apelarla y porque nos sentimos indignados al igual que la población, de que se haya otorgado una categoría de ocultamiento, y no de complicidad», enfatizó el jefe del Ministerio Público.

Rodríguez citó que los artículos 59 al 62 del Código Penal establecen de manera precisa en qué consiste la complicidad, reseñándo una participación antes, durante y posterior al hecho, lo que a su juicio demostró el Ministerio Público ante el tribunal en el caso de Marlin.

Sostuvo en los hechos ocurridos antes, la acusada sustrajo a la menor para el tema del aborto de su nieto, pero además incitó a su hijo Marlon a que tenía que resolver eso y hacerlo de manera inmediata. » Es decir, a su hijo de quien tenía el control sobre él, instarlo a que cometiera el hecho».

Agregó que fue Marlin fue quien la facilitó el las llaves del apartamento para que fuera y ejecutara el crimen en perjuicio de la menor de 16 años de edad. «Hablamos de hechos comprobables».

El Procurador señaló que la sentenciada generó una «coartada» para viajar a la capital, a los fines de supuestamente visitar la embajada española en el país, versión que según Rodríguez no pudo demostrar ante el tribunal, porque su intención era mantenerse alejada del lugar de los hechos.

Los jueces del tribunal le impusieron también el pago de una indemnización de 20 millones de pesos a favor de la familia de la víctima, el cual será dividido en partes iguales por cada imputado.