Auditores UE piden asignar mejor fondos para eliminar tortura y pena muerte

Auditores UE piden asignar mejor fondos para eliminar tortura y pena muerte

Bruselas.  El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) consideró hoy que los fondos de la Unión para fomentar la abolición de la tortura y la pena de muerte deben asignarse y distribuirse mejor, indicaron los auditores en un nuevo informe.

Los auditores afirman que los proyectos que reciben ese dinero están teniendo impacto, pero con demasiada frecuencia no están bien orientados y su alcance es limitado debido a la gran dispersión de la financiación.

La UE está comprometida con la prevención y erradicación de todas las formas de tortura y otros malos tratos, así como con la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y, para perseguir estos objetivos, lleva a cabo diversas actuaciones diplomáticas y concede subvenciones a las ONG a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).

En el periodo presupuestario de 2007 a 2013, la Comisión Europea concedió unas 180 subvenciones del IEDDH por un total de 100 millones de euros para luchar contra la tortura y la pena de muerte.

Los auditores se centraron en determinar cómo se habían asignado los fondos y si los resultados obtenidos eran sostenibles, para lo cual controlaron 31 proyectos con visitas al Reino Unido, la República Democrática del Congo, Georgia y Sudáfrica, y procedieron a un examen documental de proyectos relacionados con China y EEUU.

El Tribunal de Cuentas observó que, si bien la asignación de los recursos fue en general correcta, la Comisión no tuvo suficientemente en cuenta las prioridades de derechos humanos para cada país socio.

Los auditores indican que “no suele haber buena coordinación entre los proyectos financiados y otras acciones de la UE, como la ayuda al desarrollo y el diálogo político».

Los proyectos fueron ejecutados en general por organizaciones motivadas y con buenos conocimientos técnicos, pero su proceso de selección careció de rigor.

“Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, persiste la tortura y 58 países siguen aplicando la pena de muerte”, manifestó Klaus-Heiner Lehne, el miembro del Tribunal de Cuentas de la UE responsable del informe.

“La financiación de la UE en este ámbito es modesta y se encuentra muy dispersa por todo el mundo, por lo que los recursos financieros disponibles tienen que gastarse de manera eficaz”, sostuvo.

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