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Una auditoría practicada al Fondo de Iniciativas Comunitarias (Procomunidad) por la Cámara de Cuentas correspondiente al 2008 reveló una serie de irregularidades en esa dependencia como sobrevaluación de disponibilidad de efectivo, activos y gastos, subvaluación de cuentas por cobrar, uso indebido de combustible, incumplimiento de contratos y no depósito de ingresos a la Tesorería Nacional.
El experticio, publicado en la página web del organismo auditor, revela que los estados financieros presentan RD$275,604 en la cuenta Fondo Gobierno, sin embargo en un arqueo practicado se determinó que sólo existían RD$15,796 para una diferencia de RD$259,808, lo que refleja una sobrevaluación.
Procomunidad presenta cuentas por cobrar por RD$43,390,417 de avances a contratistas de obras desde 1994-2008, sin que en algunas de ellas se pueda apreciar con certeza de esos recursos, puestos que existen proyectos que han terminado, otros paralizados, sin que la administración tome una decisión sobre ellos. En cuanto a la subvaluación de activos, la auditoría señala que la entidad presenta inversiones RD$865,557,311 sin poseer los derechos sobre bienes adquiridos y tampoco esos activos generan beneficios económicos.
Otro aspecto es que las inversiones en proyectos especiales ascendente al monto de RD$201,672,298, sin que en el período auditado no haya registro de actividades realizadas.
Se verificó que la entidad percibió RD$97,100 por las ventas de formularios para el banco de proveedores y legalizaciones de contratos que no fueron depositados en la Tesorería Nacional.
Se determinó la entrega de combustibles a varias gerencias y departamentos por RD$270,510 sin evidencia de los servicios directos que percibe la entidad de los vehículos que consumieron estos carburantes, ya que las funciones asignadas a esas áreas no ameritan desplazamientos.
Responsabilidad civil y administrativa
Las anomalías detectadas violan las leyes de Contabilidad Gubernamental, de Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios del Estado, de Presupuesto, por lo que los principales responsables de la entidad comprometen su responsabilidad administrativa y civil, según la auditoría.
El informe responsabiliza de las irregularidades a los principales funcionarios de la entidad: José González Espinosa, director; Vanessa Lora, auditora interna; y Ana Lidia Ruiz, gerente de finanzas.
La auditoría concluye advirtiendo a los funcionarios citados que comprometen su responsabilidad civil en relación con el perjuicio económico causado al patrimonio público, el cual deberán resarcir y en caso de que se compruebe la existencia de manejos dolosos o fraudulentos, podrían comprometer su responsabilidad penal.
