La divulgación de auditorías practicadas por la Cámara de Cuentas a instituciones del Estado se ha convertido en los últimos tiempos en una fuente permanente de controversia, con interpretaciones y comentarios disímiles en medios de comunicación y la población en general.

La sociedad civil y sectores que abogan por el cumplimiento de los debidos procesos de ley lamentan que, en medio de estos escarceos, no haya un sistema de consecuencias, mientras funcionarios señalados muestran desacuerdo con algunas de las informaciones recogidas en las pesquisas administrativas y financieras.

Lo cierto es que el hecho de que algunas de las auditorías se divulgan con bastante tardanza con respecto al tiempo en que fueron realizadas, da pie a opiniones y especulaciones de que ha mediado una suerte de “selectividad” en la difusión, lo que a su vez en nada contribuye a la credibilidad que deben tener frente a los ciudadanos y la opinión pública.

En la práctica esto se convierte en materia de circo, una especie de divagación y como la Academia de la Lengua define al escarceo, todo esto no pasa de ser un “tanteo, divagación, tentativa o intento de hacer algo sin mucha profundidad o dedicación”, aunque en este país es imprescindible aprender a leer entre líneas, o sea a ver las cosas más allá de lo visible o aparente, en un trasfondo en que subyacen las más diversas y ulteriores motivaciones.

Esto no significa, en modo alguno, que sea imposible determinar —con algún grado de precisión o aproximación a la verdad— la pertinencia o gravedad en algunos temas que, por su naturaleza, están sujetos a distintos puntos de vista y a dilucidarse finalmente en las instancias judiciales correspondientes, mientras el escrutinio ciudadano juega también parte relevante del libre juego de las ideas en una sociedad democrática.

En ese sentido ha llamado la atención los señalamientos y la revelación de algunos puntos que figuran en la auditoría practicada al ingeniero y dirigente peledeísta Víctor Díaz Rúa mientras estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas, en el período 2008-2012.

De acuerdo a esos datos, que han trascendido en medios escritos y electrónicos en los últimos días, la Cámara de Cuentas aprobó informes de auditorías practicados a su gestión, consignando que cumplían con las estipulaciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.

Esas informaciones se basan en un aspecto de la citada auditoría en que se establece que los informes “presentan, en todos sus aspectos materiales, los ingresos recibidos y desembolsos realizados de conformidad con las normas de contabilidad aplicables al sector público, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)”.

Estas argumentaciones apuntarían hacia un buen manejo administrativo, a pesar de los cuestionamientos de la Fiscalía del Distrito Nacional, que mantiene abierto un proceso en contra del exministro, favorecido recientemente por una instancia de anulación dictada por el Cuarto Juzgado de la Instrucción.

A la sociedad, a la vida institucional y a una buena administración de justicia, en favor de la lucha contra la corrupción administrativa —un flagelo que aumenta mientras se necesitan más recursos para combatir la pobreza— le convienen que estos procesos se fortalezcan y clarifiquen, a fin de trascender enfoques episódicos y de meras denuncias o declaraciones.

La Cámara de Cuentas haría bien en cambiar su actual política de divulgación de auditorías en que se detecten irregularidades que, en algunos casos pueden conllevar sanciones penales, por contener elementos comprobables de que se ha podido incurrir en malversación de fondos. El conocimiento a tiempo permitiría tomar correctivos y aplicar sanciones cuando los funcionarios están aún en sus cargos y no cuando ya han concluido sus gestiones. Pero quizás esto es mucho pedir a una burocracia que en el Estado dominicano no se caracteriza precisamente por la eficiencia y la adhesión al interés general.