PUERTO PRINCIPE, Haití. AP. Wilver Cuevas Betances nació en la República Dominicana y jamás salió del país hasta que unos soldados le pidieron su pasaporte en una terminal de autobuses de Santo Domingo.

“No llevo pasaporte. Soy dominicano”, les dijo, según relata.

Pese a que hablaba perfecto español y tenía un carnet de identificación dominicano indicando el lugar donde había nacido, lo deportaron al día siguiente a Haití.

Cuatro días después, tras pasar la noche en el banco de un parque en la capital haitiana, fue a las oficinas de una organización que asiste a los emigrantes, en la que tuvo problemas para hacerse entender hablando creole, un idioma que no domina.

“No tengo nada aquí”, expresó. “No conozco a nadie”. Activistas que defienden los derechos de los emigrantes se preparan para hacer frente a más deportaciones de personas haitianas o de origen haitiano ahora que en la República Dominicana se aprobó una ley con nuevos requisitos para ser considerado ciudadano.

Hasta ahora no ha habido deportaciones en masa, pero abundan los relatos de personas que son expulsadas del país de la noche a la mañana, en algunos casos por el color de su piel.

“Los negros casi no salen porque están deteniendo a mucha gente de piel oscura”, dijo Cuevas en una entrevista en las oficinas del Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados, un organismo no gubernamental.

En septiembre, la Corte Constitucional de la República Dominicana dijo que el haber nacido en el país no garantiza la ciudadanía y que los hijos de personas que están en el país ilegalmente no deben ser considerados dominicanos.

Organizaciones defensoras de los derechos de los haitianos dicen que unas 200.000 personas podrían ser despojadas de la ciudadanía dominicana y de los documentos necesarios para asistir a la escuela y trabajar. El gobierno afirmó que solo 24.000 personas se verían afectadas.

El fallo, basado en una nueva constitución aprobada en el 2010, refleja la profunda animosidad que hay en la República Dominicana hacia la enorme cantidad de haitianos que viven en ese país, muchos de ellos traídos para trabajar en la industria azucarera, lo mismo que sus descendientes.

“Las deportaciones se han mantenido estables desde del 2007”, expresó Tobias Metzner, ejecutivo de la Organización Internacional de Migraciones basado en Haití. “(Pero) El contexto legal ha cambiado.

El dictamen del tribunal es una nueva justificación”. César Piña Toribio, asesor legal del presidente dominicano Danilo Medina, defendió la posición del gobierno ante la Organización de Estados Americanos el mes pasado. Dijo que el objetivo es recuperar el control de los registros de ciudadanía y aseguró que se le permitirá a los afectados obtener la residencia permanente legal.

Sin embargo, todavía no hay planes concretos en ese sentido, y la nueva ley ya se está haciendo sentir. Hay historia de personas que fueron denunciadas a las autoridades de inmigración y deportadas por alguna pelea con un vecino o que son expulsadas abruptamente del país en momentos en que sus patrones tienen problemas económicos, indicó Metzner.

Los haitianos dicen que a veces sobornan a los soldados para no ser arrestados o que son retenidos si no tienen suficiente dinero para pagar coimas, según Colette Lespinasse, directora del Grupo de Apoyo.

Abundan además las denuncias de que las autoridades están deportando a haitianos o quedándose con los documentos de residencia de personas de piel oscura o con nombres franceses que pueden indicar ascendencia haitiana. Gente como Dilsia Teresa Jean, de 23 años, que vivió toda su vida en un pueblo al noroeste de Santo Domingo, temen ir a la capital. “Pienso que me van a detener”, comentó.

“Los conductores de autobuses te miran raro”. Los soldados parecen haber malinterpretado las leyes cuando detuvieron a Cuevas, un albañil que dice que su única conexión con Haití es que tenía un abuelo haitiano, ya fallecido. La nueva ley no abarca a las personas cuyo padre o madre es residente legal, aseguró Piña, el asesor presidencial.

El caso refleja la complejidad del fallo del tribunal constitucional, según activistas. Cuando alguien es enviado a Haití, generalmente queda a la deriva, perdido. El país se ha recuperado bastante del terremoto de enero del 2010, pero su economía apenas funciona y no hay trabajo.

El Banco Mundial dice que casi el 80% de la gente vive con menos de dos dólares diarios. En Jimaní, una sórdida y polvorienta ciudad de la frontera dominicano-haitiana, hay cientos de haitianos, muchos de los cuales viven en casuchas de madera y estaño, con pequeños jardines demarcados por plantas secas de caña de azúcar.

Uno de ellos es Marcial Luis, quien dice que fue deportado por los dominicanos en septiembre, cuando fue a una oficina del gobierno en Santo Domingo para ayudar a un amigo a llenar unos formularios y un empleado le pidió su carnet de identidad y se lo confiscó.

Luis, quien residió la mitad de su vida en la República Dominicana, donde tiene esposa y cinco hijos grandes, fue deportado en poco tiempo a Haití, pero logró llegar a Jimaní y ahora espera regresar a Santo Domingo.

“Soy una persona de 63 años que no tiene nada, ni un sitio donde vivir”, declaró, visiblemente conmovido. Activistas dicen que la gente que es deportada a Haití casi siempre trata de regresar a la República Dominicana.

Lespinasse, la directora del Grupo de Apoyo, señaló que ese organismo trata de encontrar parientes de los deportados en Haití para ponerlos en contacto, pero que a menudo llevan tanto tiempo fuera del país que han perdido todo contacto con sus familiares.

Sus penurias, no obstante, no pasan inadvertidas. Organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, se han interesado en el tema y la Comunidad Caribeña le pidió a la República Dominicana que no le quite la nacionalidad a los haitianos, al tiempo que convocó a una sesión de emergencia para hablar del asunto.

Lespinasse y los demás trabajan caso por caso. En relación con Cuevas, pedirán al gobierno que permita su retorno y agregó que hay muchos más como él. “Tienen todo allí (en la República Dominicana)”, afirmó. “Allí están sus familias, su dinero, su trabajo”.