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BOGOTA (AFP).- La masacre de ocho personas y la desaparición de otras cinco en el noroeste de Colombia generó una enérgica condena de organismos humanitarios, incluso de la ONU, no sólo por la forma brutal de los asesinatos sino por acusaciones de ONG -rechazadas por las autoridades- de que fue responsabilidad del Ejército.
El activista de paz Luis Guerra, su compañera y su hijo de 11 años, así como otros cinco campesinos -incluidos dos niños de dos y seis años- fueron asesinados el 21 de febrero a garrotazos, con machetes y armas de fuego por hombres vestidos de camuflado que irrumpieron en San José de Apartadó, una comunidad declarada en resistencia pacífica.
Sus cadáveres, algunos mutilados, fueron encontrados el fin de semana y los pobladores de Apartadó (850 km al noroeste de Bogotá) temen que igual suerte hayan corrido otras cinco personas desaparecidas y en cuya búsqueda salieron este martes.
Una delegación de la Fiscalía se encuentra desde el lunes en la zona, donde reúne pruebas para tratar de esclarecer los hechos.
Las primeras versiones de autoridades locales y pobladores señalaban a paramilitares de ultraderecha o a guerrilleros comunistas, pero este martes crecieron las denuncias que implican al Ejército.
«Hemos logrado reunir suficientes testimonios que dan cuenta de la responsabilidad de efectivos de la Brigada XVII del Ejército», afirmó el abogado Elkin Ramírez, de la ONG Corporación Jurídica Libertad que asesora a la comunidad de paz de Apartadó.
El abogado denunció: «El sábado, mientras estábamos cuidando los cadáveres, el Ejército llegó a acordonar la zona y hubo manipulación de las pruebas. Un soldado tomó uno de los machetes -que estaba ensangrentado- y en presencia nuestra lo llevó hasta el río, lo lavó en sus aguas, diciendo, este es el machete degollador», añadió.
«Uno no sabe hasta dónde llegan los paramilitares y hasta dónde la Fuerza Pública, lo que sí sabemos con certeza es que todos estos crímenes de esta semana fueron directamente de batallones de la Brigada XVII», dijo el sacerdote jesuita Javier Giraldo, del Centro de Investigación en Educación Popular (Cinep) y quien trabaja en la zona.
Por su parte, la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas -reconocida por su defensa de los derechos humanos en esa convulsionada región-, afirmó que «tropas de la XVII Brigada, que supuestamente han salido a rodear la región, dieron muerte, de una manera atroz (a estas personas)».
Aunque el lunes el ministro de Defensa, Jorge Uribe, dijo que «la Fuerza Pública colombiana está tranquila porque no fue ella la que cometió estos atropellos», este martes dejó el caso en manos de los investigadores.
«Creemos que no fue la Fuerza Pública puesto que ni siquiera teníamos personal en operaciones en esa zona, pero vamos a ver en los próximos días que las investigaciones nos den mayor claridad», aseveró.
El hecho motivó el rechazo de la sociedad colombiana y organismos internacionales, y recordó épocas de crueldad que se creía iban siendo superadas en el prolongado conflicto colombiano.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas exigió una pronta investigación que conduzca a la sanción de los responsables.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Desplazados (ACNUR) aseguró que «estas muertes son las últimas en una serie de ataques que, de acuerdo con la comunidad de paz de San José de Apartadó, han provocado la muerte a 154 de sus miembros desde 1997».
«Los asesinatos muestran claramente la difícil situación que enfrentan las comunidades de paz y los riesgos para sus líderes. En los últimos ocho años, el Estado colombiano no ha sido capaz de tomar medidas suficientes para proteger a estas comunidades y resolver los problemas que los afectan», dijo.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó goza de una medida provisional de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional colombiana.
Una comisión de la OEA, que verifica un cese de hostilidades de los paramilitares comprometidos en un proceso de paz, se trasladó de Santa Fe de Ralito -sede del diálogo- al sitio de los hechos, distantes a unos 80 km.
