Lo más relevante de la última semana en la campaña electoral en curso es el aumento de la confianza en que la Junta Central Electoral (JCE) está adoptando las disposiciones y previsiones para que el torneo electoral del próximo mes sea libre y sus resultados culminen en la mayor transparencia.

Las denuncias que oscurecieron el panorama preelectoral en los meses anteriores se diluyeron por los esfuerzos del organismo electoral para hacer transparente su labor e inducir la confianza de la ciudadanía y de las entidades internacionales interesadas en que la democracia dominicana salga fortalecida con la elección presidencial.

Quedan sobre el tapete las denuncias de uso de recursos estatales en la campaña electoral del partido de gobierno, que podrían ser despejadas con un llamado de alerta del tribunal electoral, especialmente para que se garantice un uso equitativo de los medios de comunicación en manos del Estado.

[b]Se despeja el panorama[/b]

Lo más relevante de la semana es que el panorama preelectoral se ha despejado considerablemente como resultado de los recientes esfuerzos de la JCE por hacer transparente su labor, lo que fue reconocido por organismos internacionales y entidades nacionales preocupadas por el fortalecimiento de la democracia dominicana.

A principio de la semana una misión de observación del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) realizó una visita al país y tras reunirse con los jueces electorales, partidos políticos y entidades de la sociedad civil, expresó su convicción de que no hay razones objetivas para temer graves irregularidades en los comicios del próximo mes.

La misión que estuvo integrada por el presidente del Tribunal Electoral Federal de México, el vicepresidente del Tribunal Electoral de Panamá y el director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, expresó satisfacción con los informes recibidos de la Junta Central Electoral y precisó que de sus reuniones con los principales candidatos no se había desprendido ningún motivo para temer por los comicios.

Sin embargo, los doctores José Fernando Ojesto, Erasmo Pinilla y Roberto Cuellar, recogieron preocupaciones por el uso de recursos del Estado en la campaña electoral del partido de gobierno, que consideraron como un elemento a ser corregido en aras de la equidad que debe normar todo proceso de elección democrática.

También los directivos de Participación Ciudadana, al participar en el almuerzo semanal del diario HOY dejaron constancia de su aliento con las disposiciones que toma la JCE y su expectativa de que terminarán de adoptarse todas las previsiones relacionadas con la seguridad del sistema informático, acordes con las recomendaciones recién formuladas por la comisión de asesores técnicos de la Comisión de Seguimiento a los trabajos electorales.

Igual satisfacción expresaron los dirigentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) que el jueves fueron recibidos por el pleno de la JCE, cuyos integrantes respondieron sus inquietudes. Dieron un voto de confianza al trabajo que realiza el tribunal electoral al tiempo de manifestar su convicción de que los comicios serán libres y transparentes.

Una intervención por televisión del juez electoral Roberto Rosario, propuesto por el principal partido de oposición para integrar la JCE, también contribuyó a despejar el panorama, al descartar posibilidades de fraude en la organización de los comicios, dando seguridades de que se están adoptando “las medidas para que nadie haga travesuras desde el centro de cómputos. Ni siquiera sofisticados piratas podrán penetrar el sistema”, sostuvo en el telediario El Día del Canal 11.

[b]Desaparecen las denuncias[/b]

Es relevante que en las últimas semanas han desaparecido las denuncias de irregularidades que habían ensombrecido el panorama preelectoral, tras el cierre del padrón electoral, su entrega a los partidos y el comienzo de la impresión de los listados por colegios de votación.

Debe haber contribuido al reflujo el esfuerzo que hizo en febrero el Partido de la Liberación Dominicana, cuando utilizó a decenas de miles de sus militantes para verificar casa por casa la corrección del padrón de electores. En una conversación privada el candidato presidencial del PLD, Leonel Fernández, calificó de “excelente” el resultado de esa verificación y desde entonces cesaron las denuncias sobre supuestos “dislocados”, multiplicidad de cédulas, presencia de militares y de otro género que nunca fueron suficientemente substanciadas.

Las reuniones explicativas sostenidas por la JCE con los delegados técnicos y políticos de los partidos, con organizaciones de la sociedad civil, con la Comisión de Seguimiento instituida por el Diálogo Político Nacional y con la reciente misión de la Organización de Estados Americanos han contribuido relevantemente a devolver la confianza en la organización de los comicios.

Lo mismo, han sido positivas las declaraciones de la gerencia de informática y de los jueces electorales en el sentido de que se toman en cuenta las sugerencias de los asesores de informática para elevar los niveles de seguridad del procesamiento de datos. Al efecto ya fueron adquiridos nuevos servidores.

Otra disposición que ha contribuido a despejar el panorama ha sido el inicio de una auditoría del padrón electoral, mediante el sistema de muestra aleatoria, mientras se ponía a disposición de la ciudadanía en los grandes centros comerciales un servicio para que todo el que quiera pueda verificar su registro de elector, lo que también puede hacerse a través del internet y por números de teléfonos habilitados a este objetivo.

La JCE ya colocó en los grandes centros de votación pancartas indicativas de la ubicación de los colegios electorales y comenzó la campaña de difusión para dar garantías de idoneidad en el proceso organizativo y promover la partición de la ciudadanía.

Todos esos esfuerzos explican que en la encuesta de Hamilton para HOY publicada esta semana el 71 por ciento haya expresado confianza en el trabajo de la JCE, una proporción significativa para cualquier organismo del Estado.

El mejoramiento del clima organizativo de los comicios debería manifestarse en una mayor disposición de la ciudadanía a formar parte de los colegios electorales. La coalición por la Transparencia que integran unas 50 entidades de la sociedad civil, encabezadas por Participación Ciudadana, ha venido haciendo esfuerzo por reclutar a miles de voluntarios sin militancia partidista para presidentes y secretarios de los colegios electorales, pero tropezaba con desinterés y rechazo por los temores que infundían las persistentes denuncias sobre un presunto fraude organizativo.

[b]Factores de atención[/b]

Aceptando que el padrón electoral fotográfico, público y en manos de todos los partidos con suficiente anticipación, es garantía de transparencia, con las decisiones fundamentales adoptadas en consenso con los delegados políticos, y dados los renovados esfuerzos por hacer invulnerable el procesamiento de la votación, la atención debería fijarse en el uso de recursos estatales en la campaña, en la equidad en el acceso a los medios de comunicación del Estado y en el entrenamiento de los delegados de los partidos para los colegios electorales.

Tienen fundamento las denuncias y críticas al hecho de que el presidente Hipólito Mejía realice su campaña electoral en base a la inauguración de obras públicas para lo cual se utilizan recursos del Estado, como vehículos, combustibles y personal civil y militar. Los actos oficiales son convertidos en manifestaciones partidistas.

Fue relevante que el miércoles el director de la Organización Metropolitana de Servicios de Autobuses, Diógenes Castillo, justificara el uso de sus unidades en la campaña reeleccionista, aduciendo que también se hizo en gobiernos anteriores.

Y es verdadero que eso ocurrió y en mayor proporción en los gobiernos de Joaquín Balaguer y en el pasado del PLD, cuando hasta los puentes y las piedras eran pintadas de colorado o morado, y los mandatarios recorrían el país inaugurando obras al mismo tiempo que se realizaban manifestaciones partidistas, pero entonces también eran usos abusivos que fueron objeto de críticas y rechazo por los que aspiran a un mejoramiento del sistema democrático. Entre los críticos se encontraban entonces los usufructuarios de ahora.

La práctica ha sido denunciada por Participación Ciudadana, por la misión de la OEA y por la de CAPEL, por partidos políticos de oposición y por medios de comunicación. Un llamado de atención de la JCE sobre el particular contribuiría a aumentar su credibilidad.

Se impone también una firme disposición del órgano de arbitraje electoral para que se utilicen equitativamente los medios de comunicación en manos del Estado, los propios y los intervenidos a raíz de la quiebra del Banco Intercontinental.

Si se corrigen estas irregularidades y la campaña se orienta a la discusión de propuestas, a lo que debe contribuir el hecho de que el PLD presentara esta semana su programa de gobierno, el proceso electoral podría concluir en una reafirmación democrática.

Queda pendiente una fuerte vigilancia y una campaña para evitar la vieja práctica de la compra de cédulas, lo que suele ocurrir en los días previos a las votaciones. El que la JCE haya decidido expedir duplicados de las cédulas hasta el día 14 desalienta esa aberración.

Lo demás es que los propios partidos concentren su atención en el entrenamiento de sus delegados a las juntas y colegios electorales para evitar las eternas tentaciones, presentes aún en democracias sólidas, de los inescrupulosos para realizar fraudes. El que las actas vayan a ser plastificadas imposibilitará su posterior alteración, como se comprobó en varios casos en Santiago en los comicios del 2002.