Aumentan migrantes que pierden cobertura sanitaria en EEUU

Aumentan migrantes que pierden cobertura sanitaria en EEUU

Barack Obama, archivo

WASHINGTON. Un cambio en los procedimientos del gobierno ha llevado a un gran aumento en la cantidad de gente que pierde su cobertura médica amparada por la ley de atención sanitaria de Obama debido a cuestiones migratorias y de ciudadanía.

Más de 400.000 personas han visto su seguro cancelado, casi cuatro veces más que el año pasado.

El gobierno de Obama afirma seguir la letra de la ley, y este año eso significa un margen de tiempo menor para resolver cuestiones migratorias y de ciudadanía.

Sin embargo, grupos activistas señalan que el sistema del gobierno para verificar la cualificación de acceso al programa tiene problemas graves, y consumidores con derecho legal a recibir beneficios están pagando el precio.

El mismo perro, distinto collar”, señaló Jane Delgado, presidenta de la National Alliance for Hispanic Health, en alusión a un viejo dicho español sobre las situaciones que no parecen cambiar.

“El resultado es gente que se ve privada del seguro de salud cuando lo pidieron de buena fe”.

El Centro Nacional de Derecho sobre Inmigración estima que la abrumadora mayoría de las 423.000 personas que vieron terminada su cobertura tienen permiso para residir legalmente en el país o ciudadanía estadounidense, y se vieron atrapadas en un complicado e ineficaz sistema de revisión de documentos.

Angel Padilla, analista de política sanitaria en el centro, señaló que la idea de que muchos inmigrantes sin autorización legal para permanecer en el país fueran a arriesgarse a alertar a una agencia federal solicitando subsidios pagados por el contribuyente desafía al sentido común.

“Alguien que intenta enviar documentos una y otra vez… es alguien que cree que tiene una situación migratoria apta”, señaló.

La ley de seguro médico de Obama especifica que sólo los ciudadanos estadounidenses y personas con permiso de residencia tienen derecho a cobertura en los nuevos mercados de seguros, que ofrecen pólizas subvencionadas.

El gobierno señaló que este año la ley provee un margen de 95 días para resolver problemas de documentación relacionados con la ciudadanía y la migración.

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