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Bonetti rechaza toda intención de elevar los impuestos. Consideró que un acuerdo con el FMI le permitiría al Gobierno respetar el Presupuesto de la Nación, además de que tendría que reducir los gastos
La idea de que conviene al Gobierno firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional continúa ganando espacio en la opinión pública. Ayer, el ex Gobernador del Banco Central Bernardo Vega y el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Ricardo Bonetti, favorecieron la suscripción de un convenio de trabajo con el FMI.
El economista Bernardo Vega consideró que al país le conviene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para compensar el déficit fiscal con fondos erogados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Al hacer el planteamiento, explicó que en 2008 la deuda interna se cuadruplicó por el desastre económico de la campaña electoral y los préstamos internos que se hicieron, y en 2009 las limitaciones financieras han seguido aumentando.
Dijo que el Gobierno tiene una deuda flotante inmensa, procedente en su mayoría de las secretarías de Estado, sobre todo de Obras Públicas y de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y de los bonos soberanos que se contrataron para inyectarlos al sector eléctrico.
Planteó que esa situación no debe mantenerse, sobre todo cuando hay un descenso en las recaudaciones que limita la ejecución presupuestaria.
Vega ofreció sus declaraciones en el programa Telematutino 11, que se transmite por Telesistema. Dijo que para que el Gobierno no siga pagando sus déficits con préstamos internos, lo recomendable es recurrir a la banca multilateral que, para contrarrestar los efectos de la crisis global, tiene recursos disponibles.
Como parte del acuerdo del G-20, el FMI presta sin poner condiciones como reformas tributarias o políticas que fomenten la competitividad, por lo que un acuerdo con la entidad le daría acceso al país a más de US$800 millones, dijo.
Sector eléctrico. Para Vega, el aumento de la tarifa eléctrica no se justifica si, al mismo tiempo, el Gobierno no reduce las nóminas de las empresas distribuidoras Edenorte y Edesur, de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y si no aplica la Ley que penaliza el robo de electricidad.
La Superintendencia de Electricidad anunció el pasado 30 de mayo que la tarifa eléctrica subirá a partir de junio un 6.4 por ciento, debido al alza de los combustibles que se utilizan para la generación de electricidad.
La tarifa no se había aumentado desde 2006.
Para Vega, si el precio de la tarifa fluctúa y el costo de los combustibles no se eleva demasiado, sería posible que el Gobierno elimine el subsidio que le otorga a ese sector, el cual genera grandes deudas.
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Compra Edeeste
El pasado lunes, el vicepresidente de la CDEEE, Radhamés Segura, confirmó la compra de Edeeste, por un monto de US$26.5 millones. Sobre el particular, Vega dijo que el Gobierno tuvo que adquirirla porque ningún abogado se percató de que la congelación de la tarifa prometiendo el pago de subsidios violaba los acuerdos de concesión. Por esa razón, Edeeste sometió a la justicia al Estado, y en realidad esa empresa estaba ganando el pleito.
