Las quejas de los usuarios de electricidad han aumentado en los últimos meses y también alcanzan altas cifras de devoluciones de dinero.

En este semestre Protecom ha ordenado a las empresas distribuidoras de electricidad (Edes) acreditar a favor de los usuarios RD$19.5 millones por quejas recibidas que fueron declaradas procedentes, esta cifra es muy superior a años anteriores, pues en los 12 meses del 2021 se acreditó RD$19.2 millones.

De enero a junio de este año se han recibido 16,721 quejas en la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom), un 59.5 % de estas fueron declaradas procedentes (9,951). Estas corresponden a reclamaciones como irregularidades en el servicio o facturas ordenadas a anular, de las cuales el usuario no realizó ningún pago.

En todo 2021 se recibieron 24,680 quejas, 19.2% de estas fueron procedentes y en 2020 fueron 42,268, 33.8% procedentes.

En el 2022 la mayor cantidad de quejas la recibió Edeeste y tuvo que acreditar RD$34.5 millones; le sigue Edesur con RD$15 millones y Edenorte RD$6 millones. Y la distribuidoras El Progreso Limón acreditó RD$2.1 millones.

Puede leer: Presidente Federación Comerciantes dice se sienten estafados por EDES

Cumplimiento parcial

En el país, son múltiples los reclamos de la sociedad que logró aplicar el Pacto Eléctrico para que haga una revisión al compromiso del Convenio, debido a que se está aplicando de manera parcial en detrimento de los usuarios porque también contribuye con el alza inflacionaria que interanual pasa de 9% y quitando los factores exógenos de los combustibles también pasa de 7% a junio de este año.

El alza de precios está muy relacionada con los precios de combustibles porque se afecta la energía y el transporte.

Representantes del Gobierno, empresarios, partidos políticos, sindicatos y otros de sectores de la sociedad civil apelaron a una solución de un servicio que es esencial para el desarrollo. Tras varios años sin que fuera ejecutado el convenio fue firmado y se ha ido aplicando, pero esta vez son muchos los sectores (políticos y comerciales) los que están pidiendo una revisión.

El Consejo Económico y Social (CES) fue el escenario para su discusión, pero como es una ley el Congreso de la República debería volver sobre estos puntos, afirman expertos.