Hoy 
La preocupación ciudadana por fatídicos saldos a causa de la delincuencia, salida de control en ocasiones, y los comportamientos sociales violentos, cobra dimensión en este particular final del año por incluir entre las víctimas, y más que antes, a policías y militares. Expuestos aleatoriamente a recibir los golpes de la inseguridad que por lo regular embisten a civiles indefensos con los que conviven en sectores urbanos y suburbanos. Síntoma de una criminalidad envalentonada contra el esquema de protección de vidas y haciendas que el Estado delega en agentes y soldados que por su porte de armas letales, enseñas y propósitos de ley, ejercen represión y con su sola presencia deberían hacer retroceder a malhechores e insubordinados en espacios públicos. Tratándose además de una fuerza pública con preocupante índice de acciones sumarias, a cargo de cierto número de efectivos que dicen matar en defensa propia sin que otras autoridades superiores y competentes examinen a posteriori su uso de herramientas mortales al perseguir a supuestos delincuentes.
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Ese drástico pero cuestionado método de vieja usanza, e inconstitucionalidad por demás, no suma, evidentemente, capacidad para disuadir conductas delictivas que en este momento tienden a recrudecerse por las formas inapropiadas de combatirlas. Sin dirigirlas a las causas profundas de los delitos más comunes ni contra los más sofisticados y practicados asociativamente con capacidad para reclutar jóvenes de la marginalidad, que ni estudian ni trabajan para grandes objetivos de la criminalidad, practicar el sicariato, traficar con drogas y hasta con armas y municiones sacadas subrepticiamente, y en gran cantidad, de recintos oficiales. Ha faltado, para contener los más peligrosos auges delictivos, además de una reforma policial de efecto acelerado, una que transforme las cárceles en espacios que faciliten la reinserción de reclusos sin riesgo para la sociedad y dejen de predominar condiciones que propician reincidencias. Y aún más: el Estado continúa sin bloquear totalmente centros de privación de libertad contra el uso de recursos electrónicos para desde ellos dirigir el crimen organizado.
