En la actualidad ha recobrado vigencia en nuestro país el tema del aumento de penas, lo cual atribuimos en esta ocasión a las revisiones a que están siendo sometidos algunos códigos en el Congreso, entre ellos el Código del Menor, en cuya discusión ante la Cámara de Diputados se aprobó en primera lectura aumentar las penas a dicho grupo etario hasta quince años de prisión.

Pero la realidad es que nadie ha podido comprobar,  a través de estudios empíricos que aumentar las penas disminuye la comisión de delitos. Una relación de delitos supuestamente cometidos por menores de edad no es un estudio capaz de demostrar que el endurecimiento de penas es la vía idónea para combatir la delincuencia juvenil, tampoco la de adultos, razón por la cual absolutamente nada se va a remediar con tal medida.  Muy por el contrario, si se llegara a aprobar dicho proyecto, que modifica el Código del Menor, sería ese un nuevo intento patético de “remendar” los sistemas enfermos y agonizantes en los que existen profundas desigualdades sociales.

Tomaré de la palabra a la Directora del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI),  Kirsys Fernández, quien reaccionó al relerido aumento de penas en el sentido de que “si se va  al fondo del porqué ellos han cometido delitos, tienen el mismo porqué, es realmente una familia disfuncional,  niños que se han criado en la calle, o son niños que no han tenido ningún tipo de formación, que son elementos que los empuja a eso”.

Doscientos años atrás ya se consideraba que el aumento de penas no disminuye los delitos, lo que en palabras de Beccaria quedó plasmado en esta expresión: “Uno de los mayores frenos de los delitos no es la crueldad de las penas, sino su certeza y, por consiguiente, la vigencia de los magistrados y  el rigor del juez  inexorable, la cual, para que sea una provechosa virtud, debe ir acompañada de una legislación suave”. Con ello confirmó la hipótesis según la cual la certeza de la aplicación de una sanción penal (probabilidad de ser arrestado, enjuiciado, condenado y encarcelado), más que su severidad, puede incidir significativamente en la disminución de la delincuencia

Decididamente la educación es el medio más eficaz para prevenir el delito. Quien se preocupe por la buena educación de sus gobernados, recibirá a cambio, además de una sociedad libre de analfabetismo, una sociedad respetuosa de las leyes, capaz de generar sus propias fuentes de riqueza y por tanto ocupada en la forma de progresar cada vez más y no en la manera de cometer delitos. Así tendríamos una sociedad capaz de comprender que respetando las leyes nos beneficiamos todos, lo cual es base de la denominada Cultura de la Legalidad

En este mismo orden, comparto la opinión del Dr. Colin Russel Bevan, quien durante muchos años fue director adjunto del Instituto Australiano de Criminología, en el sentido de  que por lo general el delincuente “no dispone de la suficiente preparación para poder competir en los campos de empleo de muestra sociedad. Ellos forman parte del sector desventajada, no educado, no socializado, no adaptado y no confiable de la comunidad”.

Una comprensión más racional de la situación real de los menores de edad que entran en conflicto con la ley penal implicaria reconocer que las experiencias de la infancia influyen en el comportamiento y la sensibilidad ulteriores. La educación en el hogar es determinante pero muchos de esos menores no tienen ese “privilegio”. Finalmente nos corresponde como sociedad comprender exigir en vez de aplaudir “paños con pasta”, que a través de la educación también se estimulan las capacidades para una crianza responsable de nuestros niños, muchos de los cuales son niños abandonados a su suerte, que han carecido de la protección, cuidado y control del Estado.