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POR RAMÓN LOZANO
El debate sobre la reforma fiscal en curso ha puesto en vigencia nueva vez el tema de la pertinencia o no de un aumento general de salarios en la coyuntura económica actual. Se discute si el aumento sería inflacionario, cuál podría ser la magnitud apropiada o deseada del mismo, si los sectores público y privado pueden asumir el alza salaria etc..
En interés de contribuir al debate del tema a continuación se analizan algunos elementos que consideramos importantes para la discusión.
POLÍTICA SALARIAL
En la República Dominicana no ha existido una política salarial explícita en los últimos 20 años y posiblemente nunca existió. De hecho, el salario real muy pocas veces se ha utilizado como un instrumento para contrarrestar las fases de contracción de los ciclos que ha experimentado la economía dominicana en las últimas décadas, aún cuando pudieron haber existido razones favorables para ello. La última experiencia de aumento salarial para esos propósitos que se recuerda, fue el aumento general del salario que se produjo al inicio de la administración del Presidente Guzmán, para impulsar la política de demanda inducida que se ejecutó en ese entonces.
En lugar del salario real, tradicionalmente en el país se ha utilizado el gasto público y particularmente la inversión, como instrumento de política para atenuar o modificar las tendencias del ciclo. Debido principalmente a estos aspectos la decisión de ajustar los salarios en el país ha sido más bien reactiva a la evolución de la inflación.
El análisis de la evolución del salario mínimo real desde 1990, refleja una breve recuperación en 1991 después que se llevó a cabo el proceso de estabilización económica que tuvo lugar con apoyo del Fondo Monetario Internacional. A partir de ese año, se observan tres períodos claramente diferenciados, el primero caracterizado por una caída gradual, pero persistente del salario de las empresas grandes, medianas, pequeñas, de las zonas francas y del sector público de 1991 al 1994.
El segundo, se inicia en 1995 con una recuperación del salario mínimo real que llegó en ese año a situarse por encima del nivel existente a finales del 1991, excepto en el sector público y concluye en el 2000. En ese lapso el salario del sector privado en los diferentes tipo de empresas, mantuvo en general una tendencia a mejorar, con resultados más positivos en el salario de las grandes y medianas empresas y donde estas últimas reflejaron una mejoría por encima del salario de las zonas francas.
El tercer período va del 2001 al 2003 y refleja un deterioro del salario mínimo real hasta situarse igual o por debajo del existente en 1991. Evidentemente, conforme a la inflación esperada este deterioro se haría mucho más pronunciado al finalizar este año, en caso de no adoptarse medidas de reajuste. En otras palabras, se ha erosionado completamente la ganancia en el salario real que tuvo lugar durante la época de auge de la economía en la segunda mitad de los 90.
En el caso del sector público, se verificó una caída persistente desde 1997 al 2000, una ligera recuperación en el 2001 que luego se revierte en los años subsiguientes. Esta situación ha retornado el salario mínimo real de los servidores públicos a un nivel muy por debajo del que tenían en el 1991, además de ser el más bajo de los sectores analizados.
SALARIO E INFLACIÓN
Previa a la decisión de reajustar el nivel general de salario en cualquier economía, es pertinente preguntase cuán inflacionaria pudiera ser una decisión de esa naturaleza. En el caso de la República Dominicana, un reajuste del salario pudiera ser inflacionario esencialmente en cualquier de los siguientes escenarios y/o en una combinación de ellos:
a) Si el aumento de la nómina pública fuera financiado por el Banco Central o por el Banco de Reservas. El financiamiento por parte de la primera entidad no es posible actualmente, por que la ley que rige el Banco Central lo prohíbe con pena de prisión al que la viole. A través de la segunda entidad es muy difícil por no decir imposible en el marco del Acuerdo con el FMI.
b) Si el aumento de salario genera un incremento en la demanda agregada que no puede ser satisfecho por la oferta agregada interna. Tradicionalmente esto se observa en rubros del sector agropecuario y del sector manufacturero y puede ser agravado por razones estacionales y por la situación de la economía en torno al ciclo.
c) A menudo los desequilibrios de oferta y demanda son satisfechos por importaciones de bienes y/o el reajuste salarial genera aumento en la compra de bienes externos por parte del sector privado, que deterioran la cuenta corriente de la balanza de pagos y genera presiones sobre la tasa de cambio. Esto último se puede agravar si el reajuste salarial tiene lugar en medio de choques externos desfavorables.
En el último escenario se asume que existe un régimen cambiario flexible y que por tanto, el Banco Central no intervendría en el mercado para defender un determinado nivel de tasa de cambio, como ha ocurrido en el pasado, debido al Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Descarta la posibilidad que el primer escenario tenga lugar, por lo que el análisis se centra en los dos siguientes. Respecto al escenario b) existe la posibilidad de algunas presiones de precios resultado de un desequilibrio entre la oferta y la demanda de rubros que no tienen sustitutos como el plátano o que existen restricciones a su importación como el pollo. Sin embargo, el poco peso de estos rubros en la canasta familiar hacen pensar que las presiones de precio que se podrían provocar por esta vía no serían significativas.
Sobre el escenario c) la cuenta corriente de la balanza de pagos cerró el 2003 con un superávit de 5.1 % del PIB y se estima que para este año cerraría en condiciones más favorables, en buena medida debido a la fuerte caída que han experimentado las importaciones no petroleras destinadas al consumo. Esto ha servido para amortiguar los efectos que sobre la tasa de cambio ha producido la salida de capitales que ha afectado la economía dominicana desde fines del 2002.
REAJUSTE SALARIAL Y COYUNTURA ECONÓMICA
La reforma fiscal que se debate en el Congreso Nacional tiene una diferencia sustantiva respecto a otras reformas fiscales aprobadas hasta el presente, ya que estas últimas se han realizado total o parcialmente para garantizar que el gobierno pueda ejecutar un determinado nivel de gasto público adicional. En el caso actual, se trata de aumentar la presión fiscal para que la totalidad de lo recaudado se destine a cubrir los intereses de la deuda del banco central y sus pérdidas operativas, por tanto, lo recaudado será igual a una pérdida neta del ingreso disponible del sector privado, pues los pesos recaudados serán desmonetizados en su totalidad en el banco central. En otras palabras, el destino de los recursos de la reforma le confiere un carácter más recesivo que en otras circunstancias.
La experiencia de la reforma fiscal del 2001 nos da una idea de la implicación de cuán recesiva pudiera ser la reforma que se discute actualmente. En esa oportunidad la presión tributaria se incrementó en 0.8% del PBI. El salario mínimo del sector privado se aumentó en un 18 % y en un 10 % el del sector público. En ese contexto, el consumo en término real cayó un 5% en enero-marzo del 2003 y en 3% en enero-junio de ese mismo año. La economía creció a tasas negativas de 1.5% y 0.1%, respectivamente durante eso mismos períodos y no fue sino hasta julio-septiembre que se inició un proceso de recuperación en firme de la economía.
La reforma fiscal en discusión persigue incrementar la presión tributaria en 2.5% del PBI, esto es más de dos veces y medio el aumento de la presión tributaria del 2001. Además, se requiere reducir el subsidio a la tarifa y al gas licuado de petróleo que en caso que se reduzca a la mitad, equivaldría a un ajuste adicional de alrededor de 1.5% del PBI, en un entorno donde el consumo privado real cayó 9.1% en el 2003. Es de esperarse entonces que los efectos recesivos de la reforma sean mucho más pronunciados que en experiencias anteriores, incluso al punto que pudieran afectar el cumplimiento de la meta de recaudación que se persigue.
MAGNITUD DEL REAJUSTE SALARIAL
En un proceso inflacionario como el que vive el país teóricamente se recomendaría ajustar el salario en función de la inflación esperada y no de la pasada, esto ayudaría anclar la inflación. Sin embargo, debido a que la crisis no fue por exceso de gasto, y a la magnitud de la caída en el consumo privado, entendemos que existe espacio para ser más agresivo en el reajuste salarial que el mero reajuste de salarios por la inflación esperada en el 2005.
Una vez se haya detenido la salida de capitales, mientras más rápido se recupere el salario en término real, menos tiempo tardará la economía en retornar a su tasa de crecimiento de largo plazo y a generar empleos productivos. Para el salario privado, el piso en principio sería la pérdida de poder de compra que se ha acumulado desde el 2001, -nivel más elevado de salario real- descontándole el aumento que se registró en el período, esto equivale a una corrección del salario mínimo de alrededor de un 60%. Lo cual no es viable de alcanzar de una sola vez.
En el caso del sector público la pérdida neta de poder de compra es superior ya que el reajuste efectuado ha sido menor. Sin embargo, debido a las razones que se analizan más adelante no se precisa el monto de ajuste salarial que debería efectuar el Gobierno.
ACUERDO FMI
Los indicadores hasta aquí analizados, señalan en general como algo deseable un ajuste del salario nominal en la economía, con efecto inmediato para el sector privado. Tal vez un programa de ajuste diseñado sin los apremios de tiempo que se diseñó el actual y con una estimación más certera de la inflación anual, debió recomendar que se ponderara un ajuste mayor que el último que se llevó a cabo en el sector privado, para atenuar los efectos recesivos de la crisis.
Sin embargo, las razones expresadas previamente no son suficientes para recomendar una decisión de reajuste salarial en el sector público. Este debería evaluarse en el contexto de las cuentas fiscales y las metas establecidas en el Acuerdo con el FMI, cuyo cumplimiento es la mejor señal de política para restaurar la estabilidad que disponen las autoridades nacionales y preservar así lo que resta de la capacidad adquisitiva de los salarios.
Si las estimaciones apuntan a que el país cerraría el año con un nivel de déficit fiscal consolidado muy elevado conforme a los estándares tradicionales, habría que preguntarse si es oportuno ajustar el salario de los servidores públicos conjuntamente con la reforma o postergarlo para inicio del próximo año, para permitir que el congelamiento de la nómina ayude a mejorar la brecha fiscal y conjuntamente con los resultados de la reforma, contribuyan a desterrar cualquier duda sobre la eficacia de ésta para estabilizar la economía.
En todo caso, los indicadores expuestos apuntan a un deterioro del consumo que no otorga mucho margen de tiempo a la nueva administración para postergar un aumento del salario en el sector público. Por eso, en caso de que lo señalado en el párrafo anterior tenga validez, talvez lo correcto fuera anunciar el compromiso de un aumento salarial con efectividad al inicio del próximo año.
