El paquete de impuestos propuesto por los técnicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sometido al Congreso Nacional por el presidente Hipólito Mejía está limitado a cubrir el déficit fiscal del gobierno, pero no contempla los recursos para el pago de los intereses de los certificados financieros del Banco Central.

El aplazamiento busca ganar tiempo para contemplar “soluciones de mercado”, especialmente al llamado déficit cuasifiscal, proyectado sobre los 30 mil millones de pesos para el próximo año, mientras se aprueba la reforma tributaria que permitiría reanudar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con ello el flujo de recursos externos.

En tanto las medidas compensatorias y las referentes al gasto público han sido reservadas para el discurso inaugural del presidente electo doctor Leonel Fernández, lo que en lo inmediato resta apoyo al proyecto, dificulta su aprobación y alienta iniciativas políticas a través de las cámaras legislativas.

$22 mil millones

Según las explicaciones ofrecidas esta semana al telediario Uno más Uno de Teleantillas por Daniel Toribio y Rafael Camilo, dos de los técnicos del PLD responsables del proyecto enviado al Congreso, el paquete de reformas tributarias contempla una recaudación adicional de 22 mil millones de pesos, apenas suficiente para cubrir el déficit fiscal del gobierno para este año, integrado en su mayoría por el subsidio a la electricidad y el gas propano.

Esos subsidios serían reducidos drásticamente en lo inmediato, focalizándolos a los barrios más pobres del país, mediante mecanismos que todavía no han sido explicitados. Tampoco se ha determinado la forma en que se conseguirían los recursos para cubrir los intereses de los certificados financieros emitidos para honrar los depósitos de los bancos colapsados, que Camilo estimó conservadoramente en 30 mil millones de pesos para el próximo año.

Se contempla la posibilidad de ir reduciendo esos intereses con una proporcionalidad que impida una nueva carrera de devaluación del peso, cosa que inició la Junta Monetaria esta misma semana, cuando los disminuyó en 5 por ciento, alentada por la caída de la tasa cambiaria registrada en las últimas semanas. El dólar se llegó a vender hasta a 43 pesos el jueves, lo que ha creado expectativas positivas.

Esa caída se atribuye a la disminución de las incertidumbres y la posibilidad de restaurar el acuerdo con el FMI, mediante la reforma tributaria en curso, así como a la reducción de la demanda de divisas para petróleo por efecto de la crisis energética, mientras se mantiene un buen flujo de ingresos, por turismo, zonas francas y remesas.

Además de cubrir la brecha fiscal, el proyecto de reforma tributaria tiene como objetivo inmediato el restablecimiento del suspendido acuerdo con el FMI, que abriría las puertas a desembolsos de esta institución y de los organismos multilaterales y a la cooperación del Banco Mundial para afrontar la crisis financiera del sector energético, pasos fundamentales para restablecer el equilibrio macroeconómico.

El fardo de las quiebras

Los técnicos del PLD coinciden con la opinión generalizada de que es imposible cubrir con impuestos los intereses de los certificados financieros, y cifran esperanzas en los llamados mecanismos del mercado, como los préstamos internacionales.

Una fuente de crédito indicó que los técnicos del PLD cuentan con una promesa del sector exportador, a la cabeza de los cuales estarían empresarios turísticos, de prestar varios cientos de millones de dólares para disminuir la carga de los certificados financieros. Desde España el presidente electo anunció la semana pasada que empresarios turísticos avanzarían unos 250 millones de euros, con cargo a inversiones.

Cada vez es más firme la decisión de gobiernos y organismos internacionales de condicionar créditos para cubrir el hueco originado por las quiebras bancarias, a que sean establecidas todas las responsabilidades y la justicia inicie su sanción, cosa que luce lejana.

Eso chocaría con propósitos atribuidos a las próximas autoridades nacionales de buscar “soluciones pragmáticas” a los procesos judiciales y las incautaciones de propiedades, para lo cual estaría operando una comisión de tres allegados.

Llama la atención que en los últimos 7 días se registraran declaraciones del subsecretario del tesoro de Estados Unidos John Taylor, en relampagueante visita al país, y de los embajadores de Italia y Francia insistiendo en la necesidad de transparente acción judicial contra los responsables de las quiebras que llevaron al Banco Central a emitir alrededor de 100 mil millones de pesos.

Taylor lo declaró enfáticamente a directores de medios de comunicación, como lo había hecho a principios de año el subsecretario norteamericano de Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega y posteriormente el embajador Hans Hertell y la directora local de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, Elena Brineman.

El diario El Caribe del lunes 12 citó a Taylor diciendo que “La comunidad internacional quisiera ver que los responsables de este fraude sean llevados a la justicia y que paguen las consecuencias de sus acciones, pero también quisiera ver la aprobación del paquete fiscal, el manejo de la situación energética y del déficit cuasifiscal”.

Ese mismo día HOY recogió en primera plana declaraciones del embajador de Italia, Giorgio Sfara, quien condicionó la asistencia técnica y financiera de la comunidad internacional a que las autoridades cumplan el acuerdo con el FMI y la justicia sanciones la corrupción pública y privada en la quiebra de tres bancos.

El miércoles 14 tocó el turno al embajador de Francia, Jean Claude Moyret, quien aprovechó su discurso en la recepción conmemorativa de la revolución francesa para enfatizar el peso de esas quiebras en la crisis financiera y expresar su “confianza” en que la justicia dominicana las sancionará. Un influyente embajador presente puso comillas a esa confianza, cuando se le comentó el discurso, y se dio por enterado de la versión que da cuenta de la integración de la comisión para negociar “soluciones pragmáticas” al problema de los banqueros sometidos a la justicia.

En las últimas semanas se ha insistido en que la justicia se apresta a devolver propiedades incautadas al banquero Ramón Báez Figueroa. También se dice que el presidente Hipólito Mejía se adelantaría a devolverle el Listín Diario y uno de los canales de televisión, como parte de un arreglo que tendría el visto bueno de las próximas autoridades que contempla la venta de activos incautados, aunque devaluados.

En el discurso de campaña del presidente electo y de sus seguidores se atribuyó la quiebra de los bancos a la gestión del gobierno y estuvo ausente la menor crítica a los baqueros. Los abogados de Báez Figueroa son aliados políticos del PLD y el principal de ellos ha aparecido en actos públicos al lado de Fernández.

Todas esas circunstancias y la tradición nacional de impunidad en la corrupción han determinado la presión pública internacional por sanciones como condición para colaborar en la solución del enorme déficit originado por las quiebras bancarias, que Taylor estimó en 20 por ciento del producto bruto interno del 2003.

Desde antes de que fuera hecho público el hueco de Baninter, funcionarios diplomáticos norteamericanos han insistido en que del tesoro de Estados Unidos no sale un dólar para cubrir corrupción pública o privada.

Para el discurso inaugural

El que no haya incluido compensaciones ni esté acompañado de reformas administrativas ha determinado una reacción bastante negativa de la opinión pública frente al proyecto de reforma fiscal sometido al Congreso Nacional.

Empresarios, sindicalistas, economistas y comentaristas han formulado numerosos reparos al paquete, estimado por Miguel Ceara Hatton como “de simple reajuste fiscal”, y por el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios como distante de una verdadera reforma fiscal. Creen que profundizaría la recesión y dificultaría la recuperación económica del país. También ha tenido fuertes reparos de los sectores financiero y de telecomunicaciones.

En público Daniel Toribio y Rafael Camilo, y en privado otros técnicos del próximo gobierno, han hecho sólidas defensas del proyecto, indicando que efectivamente no contiene más que los aspectos legislativos. Aseguran que los de políticas administrativas y compensatorios se anunciarán en el discurso inaugural del presidente Fernández.

Entre las compensaciones se contemplan la focalización de los subsidios y una promesa de reajuste salarial para cuando se haya logrado restablecer la estabilidad macroeconómica, lo que no sería de ninguna forma este año.

Entre los aspectos administrativos, el presidente Fernández tendría que incluir siquiera una limitada reducción de la nómina pública y la eliminación de los dobles y hasta triples cobros en la administración estatal, disminución del egreso en vehículos, celulares, viajes, combustibles y gastos de representación.

Hace tiempo se reclama públicamente nuevas normas legales, que también pueden ejecutarse por decreto si hay voluntad política, para las compras y contrataciones del Estado, fuente tradicional de corrupción, en proporciones que hace tiempo sobrepasan el tradicional diez por ciento.

Tiene lógica política reservar al discurso inaugural una parte de las iniciativas con que el gobierno puede ganar crédito, pero eso conlleva la dificultad de que deja “desnudo” el proyecto de reforma tributaria y dificulta su aprobación.

También deja a la oposición la iniciativa en el Congreso Nacional para hacerse simpática con los objetores del incremento impositivo y las demandas de compensación salarial de los empleados públicos y privados.

Ya dos diputados reformistas han presentado proyectos de reajuste salarial de un 30 por ciento, mientras voceros perredeístas anuncian la misma disposición y el Consejo Nacional de la Unidad Sindical demanda un reajuste salarial del 60 por ciento.

En tales perspectivas y dada la urgencia de hacer avanzar la aprobación del paquete fiscal, al doctor Leonel Fernández deberán recomendarle que se concentre en el país y adelante algunas de sus políticas en reserva. A menos que estén convencidos de que el proyecto no será aprobado antes de que se inicie el próximo período gubernamental.-