Tras la voluntad expresada por el Gobierno, es obvio que se ha abierto un espacio de concertación para elegir la nueva Junta Central Electoral (JCE), lo que el bloque opositor debería responder retornando a la mesa de diálogo para formalizar la excelente reserva de candidatos inobjetables, sin reparto partidista, que ha señalado.
Tal como dijo la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM) de la sociedad civil, que aprobó a tres y objetó dos de los candidatos de la planilla para titulares presentada por el partido de Gobierno, se ha avanzado en la concertación y todavía hay tiempo para crear un nuevo espacio de diálogo que se extienda a los pactos pendientes.
Un diálogo de altibajos. Aunque con altibajos, recriminaciones y dificultades, es obvio que ha habido diálogo entre la oposición y el Gobierno en el conflicto por la elección de la JCE, y como celebró la IDEM el viernes, se ha comenzado a producir consenso, ya por lo menos en dos de los cinco titulares a partir de los propuestos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre los cuales hay dos con serias dificultades.
Es claro que las declaraciones del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y del ministro administrativo, José Ramón Peralta, al comenzar el mes, marcaron la voluntad del Gobierno de dialogar en búsqueda de consenso y frenaron los ímpetus de la comisión senatorial, primero, y luego esta semana del Senado en pleno que volvió a aplazar la elección, dando tiempo a las negociaciones.
Una declaración escrita de monseñor Agripino Núñez confirma el diálogo indirecto en marcha. Aunque niega la versión del bloque opositor de que la planilla de cinco para titulares de la JCE que encabeza Julio César Castaños Guzmán fuera entregada por el presidente Danilo Medina, reconoce que el mandatario le pidió a él y al secretario general del PLD «que trataran de elaborar una propuesta consensuada para la integración de la nueva JCE».
Y luego les dijo que prefería no involucrarse, por la separación de poderes, pero que intentaran «identificar eventuales candidatos que tuvieran aceptación ante el país».
Núñez Collado precisó que la planilla de cinco le fue entregada por el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y el presidente de la comisión senatorial evaluadora de candidatos, Dionis Sánchez.
Castaños Guzmán no estaba en los planes de la comisión senatorial, pues ni siquiera fue evaluado, y hay confidencias de que, por lo menos él, fue aporte del presidente Medina al consenso, por tratarse de alguien inobjetable.
Dos parecen inaceptables. De la planilla de cinco del PLD (Reinaldo-Dionis), el bloque opositor aceptó al candidato a presidente Castaños Guzmán y al abogado y economista Roberto Saladín, exgobernador del Banco Central y exembajador. Pero objetó a Henry Mejía, Freddy Bolívar Almonte y Carmen Imbert Brugal, los dos primeros por sus vinculaciones políticas y por haber estado envueltos en un escándalo en el 2008 en la Cámara de Cuentas y a ella por haber promovido la candidatura de Medina en los pasados comicios.
Mejía, suplente del titular de la JCE Eddy Olivares, está vinculado políticamente al Partido Revolucionario Dominicano y a su presidente Miguel Vargas Maldonado, y se dice que su postulación es parte de «un compromiso político».
Bolívar Almonte, peledeísta proveniente del Partido Reformista, fue de los ejecutivos de Reinaldo Pared en su persecución de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.
Además de sus vínculos políticos, Mejía y Almonte tienen en común haber sido de los renunciantes a la Cámara de Cuentas en el año 2008, después que la Cámara de Diputados aprobara a unanimidad someter a juicio político ante el Senado a todos los integrantes de ese organismo estatal, en medio de un escándalo nacional, bajo cargos de violar la Constitución y las leyes de la Cámara de Cuentas, de Función Pública, y de Contrataciones Públicas, de ineficiencia, nepotismo y sobornos. Solo Alcides Decena Lugo evadió renunciar y fue destituido por el Senado.
Por los mismos motivos la IDEM los descalificó a ambos para integrar la Junta Central Electoral, pero a Carmen Imbert le reconoció integridad y capacidad.
Las ternas de la comisión. Aunque evaluó a más de 200 aspirantes a integrar la JCE, la comisión senatorial presidida por Dionis Sánchez parece no haber encontrado muchos que pudieran ser objeto de consenso.
De los quince presentados esta semana para titulares y otros tantos para suplentes, una parte están vinculados al partido de Gobierno y diez son funcionarios de la JCE, encabezados por sus titulares Roberto Rosario y Rosario Graciano, ambos provenientes de la dirección del PLD.
El listado incluye al suplente de Rosario, Juan Isidro Gautreaux, al secretario general de la JCE, Ramón Hilario Espiñeira, y su suplente Lourdes Teresa Salazar, al consultor jurídico Alexis Simeón Dicló, a los suplentes de titulares José Lino Martínez y Rafael Evangelista Alejo, así como a la directora del Registro Civil, Dolores Fernández Sánchez. Casi todos de la absoluta confianza de Roberto Rosario.
De la planilla de cinco candidatos presentados por el PLD para titulares de la nueva JCE, cuatro figuran en las ternas de la comisión, siendo la excepción Castaños Guzmán, el postulado a la presidencia.
Sugeridos por la oposición. Monseñor Agripino Núñez Collado no dijo que el bloque de partidos opositores hubiese presentado candidaturas, pero Reinaldo Pared aseguró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sometió una lista de 15 candidatos, a través del mediador, entre los que citó a Castaños Guzmán y Saladín. Además al expresidente de la Suprema Corte Jorge Subero Isa, y su actual titular Miriam Germán, a los exmiembros de la JCE Luis Mora y Rafael Vallejo Santelises, a la jueza del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez, a la abogada y articulista Marisol Vicens, al comentarista radiofónico Ricardo Nieves y al pastor evangélico Braulio Portes.
El presidente del PRM, Andrés Bautista, reconoce que, no solo su partido, sino todo el bloque de oposición, respondió una petición de quiénes podrían ser miembros de consenso de la JCE y que ellos señalaron a esos diez, y otros cinco que no identificó Pared Pérez, como personas que «reúnen el perfil deseado, sin siquiera haber hablado con ellos».
Los cinco adicionales fueron el exjuez de la Suprema Corte Julio Aníbal Suárez, el actual juez de corte de apelación Rafael Ciprián, la exprocuradora general Semíramis Olivo de Pichardo, y los abogados Juan Francisco Puello Herrera y Juan Manuel Rosario.
Bautista resaltó que ninguno de ellos tiene vinculación política, y que son abogados de largo ejercicio público, jueces y exjueces calificados por su independencia, que no se han visto envueltas en escándalos «y que son inobjetables».
Escenario para negociación. El escenario parecería listo para lograr un consenso, para lo cual es necesario reducir los discursos de confrontación.
El bloque de oposición debería volver a la mesa del diálogo que media Núñez Collado y formalizar su excelente nómina.
Si aceptan a Carmen Imbert junto con Castaños y Saladín, de la planilla del PLD podrían demandar la escogencia de los dos restantes entre los quince que ellos señalaron, o por lo menos uno y que el PLD renuncie a sus vinculados políticos y señale otro que sea aceptable para todos. Lo mismo habría que hacer para escoger los cinco suplentes.
Aunque el presidente Medina insista en que no quiere interferir, la convicción general es que las declaraciones de Montalvo y Peralta reflejan su decisión de favorecer algún nivel de consenso.
La planilla presentada implica el reconocimiento de la necesidad de renovación de la JCE, como ha demandado el bloque opositor, la sociedad civil organizada, las iglesias, empresarios y medios de comunicación.
Tal como planteó la Iniciativa Democrática el viernes, todavía hay tiempo para materializar la demanda de «un diálogo político-social fructífero para renovar no solo la JCE, sino también el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, escogiendo personas sin ataduras a poder alguno, y así abrir espacio a la gran concertación que requiere esta sociedad para superar sus carencias institucionales, económicas, sociales y políticas».
Sigue sin entenderse que el presidente Medina no sea el primero en disminuir la confrontación política promoviendo abiertamente la concertación para mejorar las perspectivas de los pendientes pactos eléctrico y fiscal, fundamentales para el éxito de este su segundo y último período de Gobierno, cuyo inicio está aletargado por inocultables estrecheces financieras.
Urge superar las confrontaciones y abrir nuevos surcos para que fructifiquen soluciones a los graves problemas nacionales, de equilibrio fiscal, de salubridad, agua potable, electricidad, de inseguridad, caos del transporte, medio ambientales y de corrupción y desprecio de la institucionalidad.