La jueza de la JCE  Aura Celeste Fernández dijo tener informes de que la resolución 12-2007 está siendo aplicada arbitrariamente en perjuicio de personas de apellidos extranjeros o con padres o madres de origen haitiano que acuden a  registrar nacimientos. La resolución se aplica en oficialías para evitar  falsificaciones de actas.

Aura Celeste Fernández, miembro de la Junta Central Electoral (JCE), denunció que la resolución 12-2007, adoptada para evitar la falsificación de actas de nacimiento,  se aplica de manera arbitraria y desborda medidas cautelares contenidas en la misma.

En una comunicación enviada al presidente de la Junta, Julio César Castaños Guzmán, dice tener informes de que  se les están reteniendo sus documentos a personas con apellidos extranjeros, con padre o madre de origen haitiano o que se suponga de esa nacionalidad, cuyo registro de nacimiento no se haya hecho según el nuevo criterio de la  Ley de Migración.

Al destacar que esos ciudadanos están impedidos de realizar actos propios de la vida, expresó que ante esa circunstancia es más que evidente que se está violando el artículo 47 de la Constitución.

De acuerdo con ese artículo, la ley sólo dispone y se aplica para el porvenir, no tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena.

Violan disposiciones

Para Aura Celeste Fernández  “estamos  ante una aplicación retroactiva de la norma en perjuicio de las personas que son titulares de la nacionalidad dominicana, muchas de ellas desde hace años por jus solis y por el amparo de la Constitución, así como por disposiciones normativas y jurisprudenciales vigentes en el momento de su nacimiento”.

La funcionaria, que forma parte de la Cámara Contenciosa, afirmó que una cosa es suspender la entrega de actas de nacimiento viciadas, falsificadas o suplantadas, como resultado de una investigación seria,  y otra cosa es iniciar una cruzada  contra quienes  van a solicitar su documento de identidad y por tener un apellido “raro” levantan sospecha del oficial del estado civil actuante.

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La resolución

La Resolución 12-2007,  fue aprobada por el Pleno de la JCE en fecha 10 de diciembre del 2007 con el objetivo de prevenir las falsificaciones de actas, suplantaciones  y documentos instrumentados irregularmente.