La jueza de la Junta Central Electoral Aura Celeste Fernández renunció a su condición de directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público el 11 de diciembre, pero acordó con el Procurador General de la República mantenerse en el puesto, de forma honorífica, hasta que sea escogido su sustituto.

La abogada también dijo que tiene “igual decisión”  sobre la presidencia del Consejo Nacional de Bioética, una dependencia de Salud Pública, y sobre su membresía en la Comisión de Reforma Constitucional. Respecto a las dos últimas posiciones, dijo que está en la fase de presentar sus memorias y permitir “que se pueda dar continuidad del trabajo que se ha realizado, sin sobresaltos ni involuciones”.

Las explicaciones de la doctora Fernández sobre su status en las tres posiciones que ocupaba al momento de ser escogida jueza de la Junta Central Electoral están contenidas en una carta dirigida al director ejecutivo del periódico HOY, Bienvenido Álvarez-Vega.

La abogada y profesora universitaria también se refiere al tema del “incentivo especial” que la Junta otorga a sus jueces y que ella ha rechazado.

Sobre el particular dice en su carta lo siguiente: “comprobé que se trata de un privilegio irritante el hecho de que los jueces dispongan de dineros públicos para evadir el pago de los impuestos y fondo de pensiones, considerando que esto constituye un fraude a la ley, o lo que es lo mismo, valerse de un ropaje de “legalidad” para evadir una obligación que impone la ley, que es tributar de nuestros ingresos como lo hace el resto del personal de la Junta Central Electoral, así como todos los dominicanos”.

A continuación el texto de la carta enviada por la doctora Fernández a la dirección ejecutiva de este diario:

Distinguido Señor Director:

Cortésmente tengo a bien comunicarme con Ud. como reacción a varias informaciones aparecidas en la prensa de estos días, relativas a las funciones públicas que desempeño y a algunas de las posiciones que he asumido al interior de la Junta Central Electoral.

Respecto de lo primero deseo señalar que luego de mi designación como Miembro Titular de la Junta Central Electoral le remití al Magistrado Procurador General de la República y al Consejo General de Procuradores, mi formal renuncia a la posición de Directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público, solicitándome ese alto Magistrado que me mantuviera a cargo de dicha posición hasta tanto se convocara el concurso publico para la designación de un nuevo director (a), tal como dispone el estatuto del ministerio publico; además de darle conclusión a algunos procesos abiertos que se encontraban en su fase final para cubrir 72 vacantes en el ministerio publico, concurso en el que han participado 394 abogados y abogadas. Accedí con beneplácito, ante este pedimento del magistrado Procurador General, sujeto a la condición de que por el tiempo que permaneciera provisionalmente en el desempeño de esa función, debía ser a titulo honorífico, lo cual fue aceptado. Dejo constancia por tanto, que ni en el mes de diciembre ni en el mes de enero he recibido salario o dieta algunos, como Directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público. En estos momentos se esta en la fase final del referido concurso para cubrir vacantes, que no pasará del 15 del mes de febrero,  así como también están en proceso de publicación, las memorias contentivas de mi rendición de cuentas, en dicha institución, durante el periodo de mi gestión, esto es, enero 2005-enero 2007, informándole que a seguidas finalicen haré entrega final de esta función, momento en el cual el Consejo me ha prometido tener electa la persona que me va a sustituir. Igual decisión tengo respecto de la función que desempeño como presidenta del Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS), órgano de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social,  encontrándome igualmente, en un proceso de culminación de la primera etapa de su consolidación institucional y de una rendición de cuentas durante mi desempeño, desde octubre de 2004, también con carácter honorífico y sin haber recibido nunca, dieta alguna, ni pago de horas extras, ni incentivos de ningún género. En lo que se refiere a la Comisión de la Reforma Constitucional,  también honorífica, en los próximos días los comisionados nos aprestamos a entregar el resultado de nuestra labor.

De todo lo anterior queda claro que no ha sido mi interés en modo alguno, violar la ley, sino, hacer entrega de cada una de estas funciones que he desempeñado, de la manera más organizada y provechosa, a fin de que se pueda dar continuidad del trabajo que se ha realizado, sin sobresaltos ni involuciones. Que conste además que haber continuado desempeñando estas funciones no ha afectado mi desempeño en la Junta Central Electoral, en la cual he cumplido con mis funciones cabalmente. Nadie puede afirmar que he dejado de asistir a alguna sesión del Pleno, ni a ninguna sesión, ni audiencia de la Cámara contenciosa, con la entrega que cada una de estas participaciones requiere, así como su previa preparación. Cada una de las funciones que me han sido asignadas y que me corresponde cumplir en la Junta Central Electoral la he desempeñado con la responsabilidad que las mismas ameritan.

También ha trascendido mi decisión de no aceptar el pago de los llamados incentivos que reciben los jueces de la Junta Central Electoral. Se trata de lo siguiente: Cuando recibí mi primer salario comprobé que al mismo se le deducía la suma de RD$55,382.60, por concepto de: RD$43,657.60 correspondiente al Impuesto Sobre la Renta; RD$11,700.00 por concepto del 6% del Plan de Pensiones y Jubilaciones y RD$25.00 por concepto de seguro de vida (SAVICA), todo lo cual  suma la cantidad total más arriba referida. Adicionalmente al cheque del salario  antes referido recibí el cheque 313723 por la suma de RD$55,382.60, bajo el concepto de INCENTIVO ESPECIAL. Al ver la coincidencia en ambas sumas deduje que el llamado cheque de Incentivo Especial era una forma de cubrir lo que debía pagar por concepto de impuesto sobre la renta, el porcentaje correspondiente del plan de pensiones y del seguro de vida y que me eran retornadas nuevamente o recompensadas con dineros públicos. Frente a esto reaccione rechazándolo, como también lo he hecho en dos ocasiones más,  en virtud de que comprobé que se trata de un privilegio irritante el hecho de que los jueces dispongan de dineros públicos para evadir el pago de los impuestos y fondo de pensiones, considerando que esto constituye un fraude a la ley, o lo que es lo mismo, valerse de un ropaje de “legalidad”  para evadir una obligación que impone la ley, que es tributar de nuestros ingresos como lo hace el resto del personal de la Junta Central Electoral, así como todos los dominicanos. Como Ud. entenderá se trata de una decisión personal que para adoptarla no necesito consultar la Cámara de Cuentas. Me basta con mi propia conciencia y principios ciudadanos.

Agradezco de antemano la atención que la presente pueda merecerle.

Me despido de Ud., con elevada consideración y estima.

Muy atentamente,

Aura Celeste Fernández R.
Miembro Titular de la Junta Central Electoral
Jueza miembro de la Cámara Contenciosa Electoral