Aura Celeste propone Ley  de Declaratoria de Falsedad

Aura Celeste propone Ley  de Declaratoria de Falsedad

La doctora Aura Celeste Fernández urgió al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio César Castaños Guzmán, agendar para el próximo Pleno su propuesta de reforma integral del Registro del Estado Civil.

Asimismo propuso la formulación de un proyecto de Ley de Declaratoria de Falsedad Abreviada Especial para Actas del Estado Civil, para ser sometido al Congreso Nacional.

Señaló que el “terrible” estado en que se encuentra el Registro del Estado Civil dominicano, requiere de una solución en la que no sólo intervenga la JCE, sino también otras instituciones y poderes del Estado.

En una comunicación dirigida al presidente y demás jueces de la JCE, la magistrada Fernández dijo que reconoce el gran valor del proceso de remodelación física y de transformación financiera que ha estado ejecutando esta Junta en  las oficialías, pero consideró que las mismas deben ir más allá que las meramente administrativas, de manera que el Registro se convierta en una institución sólida e incuestionable, garante de los derechos fundamentales de las personas y de la seguridad jurídica.

En torno al proyecto de Ley de Declaratoria de Falsedad, dijo que dado que el tema es de carácter penal, con el mismo se tendría el mecanismo para lograr la anulación o suspensión de las actas falsas.

Señaló que el proceso se realizaría a  través de la jurisdicción civil, y por la vía principal, y que en los casos de alto riesgo será posible solicitar al tribunal que ordene al Oficial del Estado Civil que se abstenga de emitir copias sobre el acta impugnada, hasta tanto sea conducido el proceso.

La clave

1. El Registro

Las propuestas realizadas por  la doctora Fernández para la reforma del Registro del Estado Civil incluyen: Establecimiento e implementación de una adecuada gestión de los recursos humanos; reglamentación de las actividades; estandarización de los procesos y procedimientos realizados por las Oficialías; y un sistema transparente de consecuencias y sanciones para los funcionarios y empleados que incurran en actos fraudulentos.

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