La crisis económica del país es de una magnitud tal que el Gobierno está obligado a reducir sus gastos de manera sustancial. En su discurso de asunción del mando, el presidente Leonel Fernández anunció recortes de hasta un 20% en esos gastos.

Un recorte de un 20% supondría, inevitablemente, cancelaciones en la administración pública para ahorrar los montos que se pagan por concepto de salario.

En una oportunidad, siendo secretario de Finanzas José Lois Malkún, éste afirmó que en la administración pública había 150,000 empleados en exceso. Se integró entonces una comisión mixta, de funcionarios y representantes del empresariado, para depurar las nóminas públicas, pero el Gobierno jamás actuó para aplicar las recomendaciones de esa comisión. Por el contrario, no constituye un secreto el hecho de que las nóminas estatales fueron aumentadas con el clientelismo que usan los partidos de Gobierno que quieren mantenerse al frente de la cosa pública en los certámenes electorales.

En las presentes circunstancias, con una aguda crisis económica, con un déficit fiscal previsto que rondará los RD$11,000 millones, con el crédito internacional congelado hasta que se reanude la aplicación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con un presupuesto agotado y con los precios del petróleo en alza, no queda más remedio que recurrir al ahorro en todos los sentidos. Esto se impone no solamente por las condiciones actuales en que se encuentra el país, sino además porque ya es tiempo de que se suprima la mala práctica de utilizar la administración pública para pagar favores y compromisos políticos.

Ahora bien, antes de hacer recortes en las nóminas de la admninistración pública es bueno que se haga una minuciosa revisión, para detectar duplicidades de empleo y segregar a aquellas personas que cobran sin trabajar, que empezaron a cobrar un sueldo del Gobierno desde que un familiar o allegado asumió algún cargo. Es probable que por medio de un reajuste de este tipo se logre un ahorro considerable.

Otro renglón que propiciaría ahorro sería el de controlar los gastos que generan las dependencias públicas por diversos conceptos, desde compra de materiales hasta dietas y viáticos, así como gastos de representación que desbordan lo justo y necesario.

El proceso de austeridad debería ser aprovechado para establecer si cada persona designada en una función está debidamente capacitada para desempeñarla. Cada posición del Estado tiene que ser desempeñada por gente debidamente entrenada, de manera que haya un manejo eficiente de cada asunto.

De una vez por todas, que se aproveche la ocasión para darle a la nómina pública una dimensión realista, que concuerde con el tamaño y situación de nuestra economía. Los partidos políticos tienen que desterrar la arraigada creencia de que la administración pública debe repartirse como un botín.

Recordatorio

El Congreso Nacional es el núcleo del Poder Legislativo. Su papel es darle al país el andamiaje jurídico necesario para que funcionen sus instituciones, y hacer viable la gobernabilidad.

El Poder Legislativo, aunque autónomo, es parte de un trípode que sirve de soporte al Estado y debe interactuar de manera armoniosa. Los asuntos de Estado, como la reforma fiscal, para citar un caso, no pueden ni deben ser manzana de discordia, botín o rehenes de los partidos con mayoría en las cámaras legislativas. Amén.