He leído de cabo a rabo, desde la primera coma hasta el punto final, la resolución 000-48 del Ministerio de Salud Pública en la que establece la obligatoriedad de exigirle a los ciudadanos la presentación de su tarjeta de vacunación para permitirle su acceso a lugares de uso público como universidades, centros de diversión y de trabajo, entre otros, y por ninguna parte dice que es responsabilidad de la Policía Nacional o del Ejército garantizar su cumplimiento.

Resulta difícil de creer, y mucho mas de aceptar, pues el PLD no puede pretender, transcurrido mas de un año de haber sido expulsado del poder, que el país y sus instituciones sigan estando al servicio de sus intereses o, muy particularmente, de las extemporáneas aspiraciones políticas de sus dirigentes.

La ley y el orden. Según Antonio Marte, Senador de la República y empresario del transporte, la única manera de que se podrá hacer cumplir la disposición de exigir la tarjeta de vacunación contra el covid-19 a todo el que aborde un autobús es si se instalan centros de vacunación en todas las terminales del país, y se crea una institución represiva, integrada por militares, que obligue a su cumplimiento.

Tal vez sea cierto, como dicen por ahí, que el Gobierno ya tiene armado el muñeco de la reforma fiscal que dice necesitar con urgencia para poder cuadrar sus finanzas, y la mejor prueba sería el documento que habría filtrado durante el fin de semana como una forma de ir tomándole el pulso a las reacciones de la población a los nuevos impuestos que inevitablemente traerá.

Es difícil no estar de acuerdo con el obispo de la diócesis de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, cuando afirma que el país necesita más psiquiatras que generales, a propósito de la creciente ola de violencia que sacude al país, de lo cual es un ejemplo particularmente doloroso la muerte, a manos de un cabo de la Policía, de la joven arquitecta Leslie Rosado.

“Ni el mismo Gobierno sabe qué hacer con la reforma fiscal; si la promueve, si la manda por el Congreso, si la trae al Consejo Económico y Social; hay un tema de brújula…”

No se trata de que la JCE instale una escuelita para enseñarle a los políticos todo lo que necesitan saber sobre la leyes de Partidos y de Régimen Electoral, como parece haberse interpretado la propuesta de Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de Finjus.

Nuevamente vuelve a ponerse de manifiesto, de manera dolorosa, el pobre entrenamiento de sus miembros, la facilidad conque recurren a la violencia excesiva y desproporcionada contra indefensos ciudadanos que no representan ningún peligro.

Dice Eddy Olivares, abogado y exmiembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), que desde el mismo momento que Charlie Mariotti, Secretario General del PLD, declaró abierta –hace ocho meses– la competencia por la candidatura presidencial de ese partido, estaba violando la ley, por lo que debió recibir de inmediato una llamada del órgano electoral ordenándole detener esas actividades ya que de conformidad con la Ley de Partidos los períodos de precampaña y campaña todavía no han comenzado.

Algunos se hicieron famosos por su probada destreza para justificar lo injustificable, para lo cual siempre tenían en la punta de la lengua la dosis de cinismo necesaria para trocar la mentira en verdad y viceversa.

De apagones y pobladas.- Los apagones, por molestos e irritantes, siempre han sido un excelente combustible para encender las protestas sociales, un dato o realidad que las autoridades no deben olvidar ni cometer el error de minimizar si quieren preservar la paz social en la que todos ansiamos vivir y prosperar.

El asesinato a balazos, en un hecho que la Policía atribuye a un ajuste de cuentas, de Luis Alfredo Clase, alias El Cirujano, señalado como el presunto autor intelectual del atentado del que fue víctima el expelotero de Grandes Ligas David Ortiz en el 2019, nos recuerda que todavía quedan muchos puntos por aclarar de ese hecho, en el que también resultó herido el comunicador Joel López.

Ya es un lugar común decir que en este país hay suficientes leyes, que lo que falta es que los ciudadanos las cumplan y las autoridades las hagan respetar. Pero no se hace ninguna de las dos cosas, por lo que nos hemos acostumbrado a vivir como chivos sin ley; despreocupados y felices, y comportándonos como si el desorden que nos rodea nada tuviera que ver con nosotros, o fuera parte del orden natural de las cosas

Si todavía a poco menos de la mitad de la población no le ha dado la gana de ir a vacunarse aunque sea con la primera dosis a pesar de la intensa campaña que promueven las autoridades sanitarias y a sabiendas de que corren el riesgo de contagiarse y morir, o que lo haga alguno de sus seres queridos, a consecuencia del covid-19, no debe extrañarnos que faltando apenas un mes para que concluya el Plan Nacional de Registro de Motocicletas, componente esencial del plan de seguridad pública con el que el Gobierno trata de mantener a raya a la delincuencia, solo el 15% de los 2.7 millones de las que circulan por nuestras calles ha obtemperado al llamado.