Ya es un lugar común decir que en este país hay suficientes leyes, que lo que falta es que los ciudadanos las cumplan y las autoridades las hagan respetar. Pero no se hace ninguna de las dos cosas, por lo que nos hemos acostumbrado a vivir como chivos sin ley; despreocupados y felices, y comportándonos como si el desorden que nos rodea nada tuviera que ver con nosotros, o fuera parte del orden natural de las cosas

Si todavía a poco menos de la mitad de la población no le ha dado la gana de ir a vacunarse aunque sea con la primera dosis a pesar de la intensa campaña que promueven las autoridades sanitarias y a sabiendas de que corren el riesgo de contagiarse y morir, o que lo haga alguno de sus seres queridos, a consecuencia del covid-19, no debe extrañarnos que faltando apenas un mes para que concluya el Plan Nacional de Registro de Motocicletas, componente esencial del plan de seguridad pública con el que el Gobierno trata de mantener a raya a la delincuencia, solo el 15% de los 2.7 millones de las que circulan por nuestras calles ha obtemperado al llamado.

Las imágenes le han dado la vuelta al mundo provocando justa indignación, pues nos recordaron los tiempos de la esclavitud, una de las épocas mas oscuras y dolorosas de la historia de la gran nación norteamericana. Montados en enormes caballos, los arrogantes cowboys impedían a cientos de haitianos cruzar las aguas del río Bravo hacia territorio de Estado Unidos

El caso Falcón ha puesto los ojos del país sobre el Congreso Nacional, particularmente sobre los diputados implicados por el Ministerio Público en la red criminal que tenía su centro de operaciones en la ciudad de Santiago, poniendo en evidencia algunas particularidades que tienen en común.

Tiene razón Faride Raful. La ausencia de fiscalización de la JCE, cuyo presidente declaró ayer que ese órgano carece de fuerza legal y normativa para esa tarea tan necesaria, no es la única puerta de entrada del dinero del narcotráfico.

Es la crónica de una complicidad anunciada, y por lo tanto esperada. Por eso nadie saltará de la sorpresa al enterarse de que, según consta en la acusación del Ministerio Público, el jefe operativo de la red de narcotráfico y lavado de activos desarticulada con la Operación Falcón tenía nexos con los organismos de inteligencia del Estado.

El PLD acaba de tirar la primera piedra, con todos los riesgos que eso implica para una partidocracia donde abundan los techos de cristal. Su Comité Político anunció que decidió expulsar de las filas de la organización a cualquier legislador, alcalde o regidor que se compruebe esté involucrado en el caso Falcón, o en cualquier otro ligado al narcotráfico.

El involucramiento de miembros del Congreso Nacional en la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada por la operación Falcón pica y se extiende luego de que Yeni Berenice Reynoso, Directora de Persecución de la Procuraduría, anunció que solicitará a la Suprema Corte que designe un juez instructor especial para comenzar a instruir el proceso contra “varios” legisladores que serán encartados en el expediente.

Volvió a suceder. Y como volvió a suceder, volveremos a escuchar a las dirigencias de los partidos haciendo gárgaras, inventando mil y una excusas y explicaciones para tratar de justificar su falta de controles efectivos para evitar la infiltración del narcotráfico.

Estoy seguro, y sospecho que usted también, querido lector, de que ese proyecto de ley irá a engrosar el copioso anecdotario de ocurrencias y genialidades de nuestros legisladores, que al igual que las autoridades responsables de la seguridad pública siguen sin entender, o así lo evidencian sus acciones y decisiones, que el eficaz combate a la delincuencia empieza por atacar sus causas, no sus efectos y consecuencias, que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora.

¡Qué verguenza! Que ocurra en un sindicato de motoconchistas o en una asociación de buhoneros se entiende y no sorprendería a nadie, pues a esos niveles los ánimos se soliviantan con facilidad para dar paso a la violencia, que nunca es una solución sino una forma de complicar aun más las cosas y a veces de manera irreparable.

La Policía Nacional acaba de anunciar el desmantelamiento, durante el fin de semana, de la banda de asaltantes motorizados que sembró el terror en sectores del Distrito Nacional, volviendo a demostrar que cuando la presión social eleva sus decibeles puede resolver los casos con la rapidez y eficiencia que ameritan las circunstancias y exige una sociedad golpeada por una criminalidad que en las últimas semanas se muestra “desacatada”.

La sombra del Cardenal.-Luego del alboroto que provocó por decir lo que dijo a nadie debe extrañar que el obispo de la diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles, hiciera lo mismo que suele hacer un político cuando sus declaraciones o posiciones públicas provocan controversias que, en su inmediatismo oportunista, no estaba en capacidad de anticipar: decir que lo sacaron de contexto.

Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de Finjus, volvió a insistir ayer en la necesidad de que se apruebe la Ley de Extinción de Dominio, pues se constituirá en un freno para el poder económico de la corrupción administrativa y el crimen organizado en la República Dominicana.