En qué lío, y no de ropa, metió el afán de mercadeo publicitario al encargado del Plan Social de la Presidencia, José Francisco Peña Guaba. Faltó poco para que la opinión pública lo linchara entendiendo que había dispuesto de más de cien millones de pesos para regalarlos a los artistas y los directores de orquestas y, para colmo, obviando las regulaciones del uso de los dineros públicos.

Con qué se queda el televidente de la transmisión de los juicios de corrupción y crímenes que se les imputan a representantes de la clase política y servidores públicos?

La pandemia, el traspaso de dirección y administrativo en las instituciones sanitarias, el cierre de muchos hospitales en remodelación, el desabastecimiento de medicamentos, de equipos, de camas y los cobros indebidos agudizan el drama de los enfermos que van a los centros públicos y privados en los que la odisea que pasan adquiere matices distintos de plata o de tráfico de influencia para recibir las atenciones.

Las desconsideraciones perpetradas por las Prestadoras de Servicios de Salud contra los enfermos que ameritan atención en emergencia, cuidados intensivos o que deben ser intervenidos quirúrgicamente, son rechazadas por la población que, además, reclama esos abusos sean prohibidos en las modificaciones que se introducirán a la Ley 87-01 de Seguridad Social.

Preservar la vida del paciente no está en los principios de las Prestadoras de Servicios de Salud evidencia su prohibición de no ingresar los enfermos de emergencia si antes no se deposita una suma de dinero que oscila entre los 150 mil a 700 mil pesos, disposición que viola las leyes de Salud, de Seguridad Social, los derechos humanos y la Constitución.

Comparto y les invito a leer el siguiente artículo escrito por Luis Carvajal sobre el recién pasado proceso electoral en Bolivia.

Desde el 16 de agosto en el país se pasa de una noticia a otra enunciando soluciones a dificultades de salud, violencia intrafamiliar, turismo, picazos en proyectos privados y públicos, propuestas del año escolar, cancelación por faltas éticas, declaraciones juradas, pero ninguna de esas noticias ha impactado más a la población que la referente a la promesa del presidente Luis Abinader de que solucionará el caso de las pensiones de los trabajadores cañeros.

Las razones esgrimidas para justificar los escandalosos y desproporcionados honorarios cobrados por profesionales de distintas áreas a instituciones estatales por algún servicio rendido, son inaceptables, en un país pobre como es la República Dominicana.

El terrorífico drama de las decenas depersonas que están muriendo diariamente, incluso familias completas,afectadas por la covid-19, obliga a las autoridades a evaluar la metodología aplicada para controlar el virus y reorganizar el sistema sanitario que, como percibe y opina el pueblo, no funciona ni suple las necesidades de salud.

El pueblo dominicano ha demostrado estar consciente del poder de su voto y lo ha ejercido en varias ocasiones para sacar de la dirección del país a los gobiernos que han querido obstaculizar el fluir democrático, el respeto a los derechos humanos y ciudadanos, tolerar, promover, proteger la corrupción, entregarlas propiedades del Estado a extranjeros y correligionarios en perjuicio de los intereses nacionales.