El Gobierno anunció ayer que en cada entidad pública se asignará un oficial de cumplimiento normativo dependiente de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que tendrá por misión asegurar que los procesos de compras y contrataciones se ajusten al ordenamiento legal y cumplan estándares internacionales.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional confirmó ayer que el celular de la madre de Gabriel Villanueva, enjuiciado por la muerte de su pareja Andreea Celea, no puede ser admitido como elemento de prueba debido a que el Ministerio Público no presentó el dispositivo ante un juez a tiempo.

La miembro de la Cámara de Cuentas, Margarita Melenciano, fue interperlada por segunda vez en la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de la investigación que las autoridades del Ministerio Público realizan a los integrantes de la CC por supuestamente obstruir la justicia en las indagatorias de casos de corrupción.

Dos testigos más del Ministerio Público ofrecieron su testimonio al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el juicio que se le sigue a Gabriel Villanueva, acusado de matar a su pareja de origen rumano Andreea Celea, con lo cual el proceso judicial avanza con paso firme en esta etapa.

Los imputados Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Rafael Antonio Germosén Andújar

Aunque en un principio fue requerida por las autoridades para ampliar las investigaciones sobre supuestos actos de corrupción en dos instituciones ajenas a su cargo, el interrogatorio de ayer a Yokasta Guzmán, exdirectora de Contrataciones Públicas, se centró en el papel que jugó en la entidad que tuvo bajo su mando.

El politólogo Daniel Pou, especialista en políticas de seguridad ciudadana, entiende que la percepción creada en sectores de todas las clases sociales de que el Gobierno no tiene autoridad moral para exigir el cumplimiento de las medidas sanitarias ante la covid-19 es lo que lleva a muchas personas a desobedecer las disposiciones oficiales, como ocurrió […]

El año 2020 terminará de forma amarga para el sector del transporte interurbano, ya que las paradas de autobuses de la capital experimentaron una cuantiosa reducción en la cantidad de pasajeros que se trasladaban hacia el interior del país para celebrar la fiesta de fin de año.

La Fiscalía del Distrito Nacional depositó ayer acusación formal contra los tres hombres presuntamente implicados en el ataque con “ácido del diablo” contra la joven Yocairi Amarante, acontecido el pasado 25 de septiembre.

A meses de cumplir 50 años de promoción de la lectura y conservación del material bibliográfico dominicano, la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) se embarca en la misión de difundir el consumo literario mediante los Puntos de Lectura que la institución tiene previsto instalar por todo el país.

Después de seis horas debatiendo acerca de la calidad de la fundación Alianza Ciudadana para objetar los archivos definitivos que excluyeron del caso Odebrecht a siete personas, las alegadas irregularidades cometidas en esta decisión y la supuesta obligación de presentarla ante un tribunal, el juez José Alejandro Vargas decidió que el recurso de objeción será fallado el próximo 14 de enero a las 5:00 de la tarde.

El exviceministro de Interior y Policía Víctor Polanco, quien fue destituido la semana pasada tras denuncias de irregularidades en la expedición de licencias de armas, aseveró ayer que su remoción del cargo se debió a que trató de enfrentar una “estructura mafiosa que existe desde gestiones anteriores” en la tramitación de esos permisos.

El miembro del Consejo del Poder Judicial (CPJ) Leonardo Recio Tineo denunció que el presidente de ese órgano y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, supuestamente ha desviado miles de millones de pesos de los fondos públicos a su cargo y ha desvinculado sin justificación a empleados que llevaban décadas laborando para el sistema judicial.

El partido Frente Amplio (FA) comenzó ayer la recolección de firmas de la “Querella del Pueblo”, una iniciativa con la que buscan el apoyo de la ciudadanía para impulsar procesos penales contra los exfuncionarios que cometieron actos de corrupción y para poder recuperar el dinero sustraído.