Estacionadas en las instalaciones de la Armada Dominicana, padeciendo las inclemencias del sol, la humedad y todo tipo de variación climática, han permanecido ochenta unidades de autobuses por aproximadamente tres años, sin que hasta el momento se conozca la razón por la cual se ha preferido someter esos vehículos al deterioro que ya han empezado a exhibir, en vez de integrarlos al sistema de transporte público.

El Estado dominicano pagó cerca de ocho millones de dólares por estas guaguas y lo hizo a través del Fondo de Desarrollo del Transporte, FONDET, con el propósito de utilizarlas en el circuito de rutas alimentadoras del Metro; sin embargo, desde el momento mismo en que fueron adquiridas han estado guardadas a la intemperie, mientras vemos a diario miles de personas desplazarse en condiciones inapropiadas desde distintos puntos del gran Santo Domingo.

Dejar que ocho millones de dólares se pierdan por falta de una decisión administrativa que ordene el uso inmediato de esos autobuses en beneficio de la población, es algo imperdonable, peor aún si se trata, como es la especie, de dinero del pueblo dominicano.

Este tipo de situaciones nos obligan a pensar nuevamente en la necesidad de reestructurar el sector transporte y agrupar el amplio espectro de instituciones que participan en él, en lo que sería el Ministerio de Transporte.

Probablemente sea el mismo FONDET la agencia pública mejor indicada para administrar esos ochenta autobuses, pues otras instituciones públicas ligadas al transporte, no han sido eficientes del todo en la administración de vehículos nuevos.

Lamentablemente esos autobuses hoy no valen los ocho millones de dólares que costaron tres años atrás cuando fueron comprados, por lo que se puede afirmar que al no haber sido usados por el pueblo desde ese momento, las pérdidas en el valor presente de esas unidades, son pérdidas netas de quienes pusieron el dinero para la compra, a decir, los contribuyentes dominicanos.