Durante la Era de Trujillo, el concepto de autonomía no existía. No podía existir.  Se hacía lo dispuesto por el perínclito varón de San Cristóbal, dueño del país. A su muerte, producida por la acción de los corajudos integrantes del magnicidio que culmina el 30 de mayo 1961, el Consejo de Estado  formado para gobernar transitoriamente y   organizar la jornada  electoral  del 20 de diciembre del 1962, que llevó al poder al Profesor Bosch y a su Partido Revolucionario Dominicano, comenzó la lluvia de  las autonomías.

Unas para atarle las manos al nuevo gobernante, otras  más que justificadas,  por ejemplo, la restitución de esa condición natural de los ayuntamientos con su gobierno local propio, cuyas autoridades elegidas libremente por  los munícipes se encargarían de los asuntos de la comunidad, cosa que pocas veces ocurre ya sea por la carencia de recursos, la inusitada proliferación de parcelas municipales producto del clientelismo rampante como detonante del accionar político de nuestros gobernantes, que hace ver como  trasnochado el ideal del fundador de nuestra nacionalidad,  cuando retornado al país dispuesto a luchar por la  independencia y soberanía de la Patria invadida,  ferviente admirador de la autonomía municipal,  tal como lo fuera  el insigne Maestro, Eugenio Ma. de Hostos, señalaba los fueros y las libertades de Barcelona como fortaleza de la nueva  nación que vislumbrara proféticamente, lo que pudo plasmar en su ideario y en su proyecto Constitucional.

Trujillo quiso  quebrarla y lo logró eliminando el caciquismo y creando la Liga Municipal Dominicana, entelequia inútil  que sobrevive por la apetencia política que alimenta propósitos de sojuzgamiento, en esta profusa desconcertación de funciones y  funcionarios medalaganarios que prolija nuestra debilitada institucionalidad democrática y  propicia el  caos administrativo, donde florece el germen del  autocratismo y la intolerancia y brotan patrones de conducta muy divorciado del debe ser.

La una manifestación de tal comportamiento fue externada por el presidente de la Junta Central Electoral en reciente discurso de graduación pronunciado en una universidad para estudiantes de la tercera edad, pero no lerdos. Declaró que el organismo máximo creado para organizar y dirigir el proceso electoral símbolo de la democracia representativa, no se doblega.

Es autónoma. El pueblo soberano y la sociedad civil que deposita su voto por los partidos y candidatos reconocidos por la Junta  y que son los principales actores y protagonistas del proceso electoral hasta su culminación,  metafóricamente, “no tienen velas en el entierro.”

Es decir, que el organismo creado para conciliar intereses, aunar voluntades, crear un clima de advenimiento y concertación, que tiene por finalidad servir de mediador y procurar  la  aceptación y la confianza de todos los participantes, no tiene porqué aceptar sus sugerencias y reclamos. Divorciado de la prudencia, sabiduría y transparencia necesarias, el presidente de la Junta está convencido de que  puede obrar de manera   omnímoda, sin rendirle cuenta a nadie.

Que sus decisiones deben ser acatadas, aun cuando grupos y sectores importantes de la población y de los partidos lo entiendan como un exceso o exabrupto. Como si el poder de organizar y dirigir, reconocido  por la Constitución, no fuera mandante del buen obrar y  mejor sentir en beneficio de la nación.