POR LOYDA PEÑA
La autonomía con que se estaría manejando la Cámara Administrativa, incluso en asuntos que tienen que ser decididos primero por el pleno, es lo que ha creado el “malestar” que hay a lo interno de la Junta Central Electoral (JCE), especialmente con relación al tema de los reglamentos para regular la campaña electoral y el financiamiento de los partidos políticos. Así lo confirmaron ayer  en declaraciones por separado los magistrados Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares.

Estos, además, coincidieron en señalar que ambos reglamentos tienen “matices” que deben ser discutidos y valorados por el pleno de la JCE.

En cambio,  el magistrado José Angel Aquino defendió las actuaciones de la CA señalando que los miembros de ese órgano de la JCE no están ahí para asumir una posición “minimalista”.

“Hasta ahora el único punto de discrepancia que ha habido es que se dieran a conocer (reglamentos) públicamente antes de ser discutidos en el seno de la JCE, porque nosotros no somos una entidad de compartimientos estancos, sino una institución en donde el público es la máxima autoridad de la JCE y por lo tanto, una reglamentación tan importante y fundamental, debía ser conocida y discutida primero por el pleno para entonces salir a la sociedad”, dijo la doctora Fernández.

Informó que el anteproyecto sometido por la CA será conocido por el pleno el 18 de julio, en una sesión que para esos fines ha convocado “nuestro presidente de la Junta”, el doctor Julio César Castaños Guzmán.

Olivares por su parte,  deploró que la CA esté actuando en algunos casos como una Junta “paralela”, y le recordó a sus tres miembros que como responsables de manejar el “día a día” de la JCE, deben procurar manejarse con prudencia “y sin soberbia”.

Dijo que los diferendos entre los jueces en torno a los reglamentos sometidos por la CA son diversos, pero que solamente se podrán conocer durante la sesión convocada para evaluarlos.

“De lo que sí estamos seguros es de que serán modificados (los reglamentos), porque hasta ahora ese es el criterio de los tres jueces de la Cámara Administrativa, falta de criterio de los seis que junto a ellos conforma el pleno de la JCE, y aunque en sentido general esos proyectos están hechos en base a lo que está en la propia Ley 275’97, todos nosotros tenemos nuestros propios planteamientos que haremos valer en las discusiones”, subrayó Olivares.

Aseguró que la forma en que esos reglamentos fueron presentados por la CA  no fue del agrado de muchos de los jueces de la Junta.

“El país sabe que fueron presentados en un evento y colocados en Internet, y eso aparentó que eran ya una decisión del pleno de la JCE cuando eran simplemente un proyecto de la Cámara Administrativa. Eso fue una imprudencia”, puntualizó  Olivares.

LA DEFENSA

El juez titular de la CA José Angel Aquino, defendió las actuaciones de ese órgano de la JCE, y pidió a quienes estén en desacuerdo con  los anteproyectos de reglamentos, a plantearlos públicamente.

Agregó que los medios de comunicación  y la ciudadanía tienen derecho a tener sus reservas en torno a los referidos reglamentos, pero dijo que la Junta no puede quedarse paralizada sin hacer nada, porque ese no sería el camino correcto y hablaría muy mal de una institución que como la JCE está haciendo transformaciones en el Registro Civil.

“Yo personalmente no vine a la Junta, ni ninguno de los miembros de la Cámara Administrativa, ni creo que ninguno de los miembros de la JCE, a asumir una posición minimalista, a estar aquí parado como un muerto, sino a hacer transformaciones y eso estamos haciendo”, expresó el doctor Aquino.

Los anteproyectos para la regulación de las campañas electorales y del financiamiento que reciben los partidos políticos, fueron dados a conocer por la CA en el marco de dos seminarios internacionales celebrados recientemente en el hotel Santo Domingo por ese órgano de la JCE, para debatir esos temas.

Algunos aspectos incluidos en su redacción ya han sido rechazados por los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), los cuales han advertido a la JCE que ningún reglamento puede estar por encima de lo que establece la Constitución, específicamente en lo relativo a las libertades públicas.