Medios reseñan decisión del gobierno de sancionar, por fin, titulares de instituciones que hayan transgredido ley 41/08 de Función Pública, vigente hace diez años, seis bajo la presente administración; tras reunión celebrada en Palacio Nacional, presidida por Danilo Medina, el miércoles 21/11/18;decisión imprescindible para revestir de autoridad moral a autoridades para encarar desafíos nacionales.
Pero lo tardía de ésta decisión y las señales de tolerancia y permisividad del gobierno ante hechos distantes de la ética pública -libera barcos con drogas, admite narcotraficantes extranjeros, indiferencia ante trasiego de combustibles, desprecio a declaración de bienes, deliberado desinterés para sancionar corrupción, derroche de gastos en partidas cuestionables, negligencia en proteger nuestras fronteras,etc.- dudamos mucho que pueda recuperar autoridad moral requerida para encarar desafíos nacionales.
La ley de Función Pública consigna régimen ético y disciplinario que ha sido sistemáticamente ignorado por el gobierno. Además de sus hermosos principios, consigna deberes y establece prohibiciones. Entre deberes citamos (art.79) cumplir Constitución y leyes, prestar servicios con honestidad, dedicarse íntegramente a sus funciones, actuar imparcialmente “sin discriminaciones políticas…absteniéndose de intervenir en aquellos casos que puedan dar origen a interpretaciones de parcialidad”. Y sobre todo: “Vigilar y salvaguardar los intereses, valores, bienes, equipos y materiales del Estado” (#13).
El art. 80 establece prohibiciones susceptibles de acciones disciplinarias adicionales a sanciones “penales, civiles…”.Prohíbe solicitar y/o aceptar gratificaciones, recibir más de una remuneración estatal, suscribir contratos con el Estado, etc. Y sobre todo: “Servir intereses de partidos…organizar…demostraciones…pronunciar discursos partidistas…solicitar fondos…y…utilizar fondos de la institución” (#13).
Dudamos que el gobierno cumpla estos predicamentos y, aunque cumpla, resultaría tarde para recuperar autoridad moral proporcionante de potestades para exigir sacrificios y constreñimientos consustanciales a enfrentamiento de situaciones asociados a desafíos económicos citados en pasada colaboración.
Pero resultan oportunos para precandidatos autoproclamados. Estos deberían referirse a éstos y otros diez temas: Proscripción de Corrupción(art.147Constitución); Defensa Nacional(Art.128.1.f) amenazada por “nación…o poderes extranjeros”; Seguridad Ciudadana, reestructurando régimen policial y penitenciario, para preservar paz y orden (art.128.1.h); “Velar por…fiel inversión de las rentas nacionales”(art.128.2)impidiendo malgastos; Detener Degradación Ambiental, y Desorden Demoterritorial; Impedir que la Seguridad Social colapse financieramente para beneficio de jubilados y discapacitados, garantizando cumplimiento de propósitos sociales; Controlar tráfico de ilegalidades: drogas, dinero, armas y personas; Someterse al imperio de la ley para detener caos institucional imperante; Revertir degradación de nuestra gente -valores, aptitudes y actitudes y esperanzas-para relanzar la Nación bajo consigna legada por los forjadores de nuestra nacionalidad-Dios, Patria y Libertad-actualizándola con exigencias de justicia social propia de los tiempos.

Solo así existiría autoridad moral para asumir sacrificios y constreñimientos necesarios para sostener y perfeccionar nuestra democracia.