Baní, Peravia
Once bandas de narcotraficantes han sido desmanteladas en lo que va de año en la provincia Peravia, y 46 de sus principales cabecillas guardan prisión preventiva, informó ayer el procurador fiscal de la localidad, Ángel Darío Tejeda Fabal.
Dijo que en operativos conjuntos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía, en ese tiempo se incautó un total de 203,646.3 gramos de distintas drogas, incluidas marihuana, cocaína y crak
Detalló que unas once peligrosas organizaciones criminales de narcotráfico que por décadas operaron en diferentes zonas de la provincia Peravia y de la región Sur del país fueron desmanteladas.
En rueda de prensa conjunta señaló que fueron desarticuladas las redes identificadas como “Ikita”, “Llaverito”, “Ángelo El Cro”, “El Papa”, “Los Servios” y “Los Rengo”, así como las redes de “Los Pilones”, “Buche”, “Julio Brazo”, “Bernardo Mañón” y “Kiko”, procediéndose con el arresto de sus cabecillas, a quienes les fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción.
En torno a los operativos realizados para enfrentar el flagelo, indicó que en el transcurso de los mismos en total han sido detenidas 717 personas, además de que han sido ocupados 48,293.6 gramos de cocaína, 154, 490.7 gramos de marihuana y 862 gramos de crack. Además del procurador fiscal titular, Ángel Darío Tejeda Fabal, en la rueda de prensa estuvieron el general Eduardo Alberto Then, director regional Sur-Central de la Policía Nacional con asiento en Baní; el coronel Julio Ernesto Pérez Félix, director de operaciones contra el tráfico de consumo interno de la DNCD; el coronel Sergio Octavio Díaz Núñez, jefe de la División Regional Sur Central de la DNCD, y el teniente coronel de la Policía, Ambiorix Díaz Mariano, subdirector regional Sur Central de la Dirección Central Antinarcóticos (Dican). Explicó que fueron sometidos a la justicia por su vinculación a la comercialización de drogas, los presuntos narcotraficantes Wellington Muñoz (Ikita), Juan Carlos Soto Martínez (Llaverito), Wander Anyelín Rosario Beltré (Anyelo El Cro), Rafael Antonio Díaz (Buche) y Julio Nina Álvarez (Julio Brazo), quienes cumplen prisión preventiva en diferentes recintos penitenciarios.
Resaltó que también se encuentran con medidas de coerción de prisión preventiva otras 41 personas, mientras que son perseguidas 22 que se encuentran prófugas y que han sido vinculadas durante las investigaciones a esos grupos criminales.

El representante del MP explicó que los trabajos se han llevado a cabo en el marco de los lineamientos y estrategias trazadas por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, en coordinación con los titulares de las referidas instituciones para lograr mejores respuestas contra el narcotráfico y microtráfico de drogas en el país.
Wilton Guerrero sigue acusaciones
El senador Wilton Guerrero destacó la labor conjunta de las autoridades del MP y los agentes de la PN y de la DNCD para enfrentar el consumo y tráfico de drogas en la provincia, luego del asesinato del coronel Daniel Ramos Álvarez, el ocho de enero pasado, quien realizaba una intervención junto a otros miembros de la institución en un punto de drogas del sector Santa Cruz. Recordó que cuando el oficial fue abatido la dotación de la DNCD, los agentes de la PN y dos fiscales del Ministerio Público, así como juezas del Poder Judicial, estaban al servicio del narcotráfico en la provincia. Lamentó que esas dotaciones policiales y del Ministerio Público fueran sacadas de Baní, sin ser sometidas a la acción de la justicia para que no trasladen sus acciones a otras localidades. “No lo someten a la justicia porque responde a intereses de arriba de las instituciones a las que pertenecen”, consideró el legislador. Aseguró que nunca en Baní había habido un equipo tan serio y responsable contra el crímen organizado y la delincuencia común como el que existe actualmente y que encabezó ayer la rueda de prensa en que sirvió de vocero el procurador fiscal Ángel Darío Tejeda. Guerrero acusó a la magistrada de apellido Garabito, del Departamento Judicial de Baní, de estar al servicio del crimen organizado. Además de otorgar una sentencia de cárcel domiciliaria a un tal Gustavo, que define como lugarteniente número uno de un tal Buche, corresponsable de la muerte en enero del coronel Ramos.