El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien preside el Consejo Superior del Ministerio Público, dio a conocer las condiciones contempladas en el reglamento aprobado por ese organismo para la habilitación de prestadoras de servicios de monitoreo electrónico, mediante la colocación de localizadores, aplicables como medida de coerción por diferentes ilícitos penales.

Al ofrecer la información durante una rueda de prensa, el magistrado Domínguez Brito aseguró que tal y como lo establece el reglamento, el Ministerio Público implementará cuantas medidas sean necesarias hasta lograr eficiencia, transparencia y eficacia del servicio que se utilizará principalmente en los casos de violencia de género e intrafamiliar.

“Se trata de un sistema novedoso, que será implementado por primera vez en el país,  y que su puesta en marcha podría ser de mucho beneficio en las labores de persecución del crimen por parte del Ministerio Público, pero, mucho más, para el sistema penitenciario nacional, ya que constituye una medida que contribuye al descongestionamiento del sistema penitenciario, el cual está desbordado en ambas modalidades, tanto en el Modelo de Gestión como en el sistema tradicional”, subrayó.

Dijo que la colocación de los brazaletes tiene dos objetivos básicos, el primero ligado a la violencia de género, herramienta que se usará para colocarlo a una  persona que deba estar alejada de otra que es la víctima, lo que contribuirá a hacer más efectiva las órdenes de alejamiento y que se le pueda dar un seguimiento para evitar cualquier tipo de violación.