Caracas. – Las autoridades venezolanas activaron unidades especiales para detener a diez de los implicados en el asalto a un fuerte militar en el centro del país la víspera y que huyeron con un lote de armas, anunció hoy el ministro de la Defensa.

El ataque en Valencia elevó aún más las tensiones en medio de la crisis política en el país sudamericano agudizada tras la instalación de la Asamblea Constituyente, que ahora amenaza con ir contra los diputados opositores que retomaron el lunes sin dificultades sus sesiones en el Congreso.

En un comunicado leído al país, el general en jefe Vladimir Padrino López confirmó el lunes la detención de ocho personas, entre ellas el primer teniente Oswaldo Gutiérrez, a los que acusan de participar en el ataque al fuerte Paramacay, en el estado Carabobo.

En el asalto al fuerte militar, que es uno de los principales del país, fallecieron dos personas y tres militares resultaron heridos, entre ellos un teniente que recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en cuidados intensivos, dijo Padrino López.

Entre los buscados figura el excapitán de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano, quien apareció junto a una decena de uniformados en un vídeo –difundido la víspera en las redes sociales– en que llama a una acción cívica y militar para «reestablecer el orden constitucional».

Caguaripano tiene orden de captura desde el 2014 tras ser acusado por un tribunal militar de participar en un supuesto plan conspirativo para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El oficial retirado también fue vinculado a un movimiento que promovieron en el 2014 los sectores extremos de la oposición para sacar del gobierno a Maduro, que fue conocido como la «Salida». Padrino López dijo que las autoridades también buscan al primer teniente Jefferson García Dos Ramos, quien era responsable del parque de armas del fuerte Paramacay y es señalado de facilitar información que permitió el robo, que no ha sido precisado.

El ministro afirmó que los atacantes actuaron como «mercenarios pagados desde Miami por grupos de extrema derecha ligados a la oposición y a gobiernos extranjeros». La Asamblea Nacional –de mayoría opositora– retomó el lunes, por su parte, las sesiones en medio de las amenazas de la Asamblea Constituyente –que controla el oficialismo– de tomar acciones contra los opositores que promovieron las protestas antigubernamentales de los últimos cuatro meses, que han dejado al menos 122 fallecidos y casi 2.000 heridos.

En la sesión, la diputada Delsa Solórzano ratificó la postura de la coalición opositora de desconocer la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que acordó el sábado la Asamblea Constituyente. Solórzano acusó a los constituyentes oficialistas de usurpar las funciones del Congreso y de utilizar la llamada «comisión de la verdad» como un «tribunal de inquisición» para perseguir a opositores.

En la sesión estuvo presente el embajador del Brasil, Ruy Pereira. La semana pasada los embajadores de Francia, España, Gran Bretaña y México también acudieron al palacio legislativo. A las afueras del Congreso se concentraron varios centenares de seguidores del gobierno para expresar su respaldo a la Asamblea Constituyente, que tiene el mandato de reescribir la carta fundamental, aunque para los opositores acabará con los últimos vestigios de la democracia en la nación petrolera.

«Para que haya paz debe haber justicia», dijo el vicepresidente del partido oficialista y constituyente, Diosdado Cabello, al tiempo en que defendió la primera medida asumida por los constituyentes de destituir a Ortega Díaz, quien se enfrentó en los últimos meses al gobierno luego de ser vinculada por años al oficialismo. Cabello dijo que la alta funcionaria fue removida de su cargo por «daños morales a la patria».