POR TANIA HIDALGO
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez,  afirmó ayer que la desarticulación de bandas muy poderosas de narcotraficantes en la actual gestión es muestra del interés de las autoridades en su lucha por combatir ese flagelo.   

“Las autoridades están dando respuesta  al crimen organizado. La Procuraduría, dentro de sus planes inmediatos, traza  una política de persecución estratégica de la criminalidad en República Dominicana que nunca se había hecho”, precisó.

  Refirió que en los próximos días los fiscales serán convocados para entrenamientos especiales. Denunció que   ese  tipo de criminalidad se incrementó durante el gobierno pasado.

 Dijo que no escatimará esfuerzos para que el narcotráfico  desaparezca del país.

No obstante, al referirse a la orden de libertad emitida por la Corte de Apelación a favor del colombiano Jaime Alonso Calle Muñoz, asesinado el pasado domingo de varios     disparos  en el parqueo de la tienda de licores Bakkus, Jiménez  precisó que al Ministerio Público no le quedó otra alternativa que ejecutar una sentencia emitida por un tribunal.

Señaló que en la República Dominicana existe lo que es la independencia del Estado, y que el Ministerio Público  no se inmiscuye en los asuntos del Poder Judicial.

Jiménez se refirió al tema durante su participación en el lanzamiento de la campaña de prevención a la violencia contra las mujeres por parte de la fiscalía del Distrito Nacional, la cual cuenta como figura principal con Dolphy Angelina González, a quien su ex esposo le cercenó las manos en noviembre de 2005. 

CASO SOMO

En otro orden, el procurador dijo que el Ministerio Público sí tiene competencia para investigar las alegadas irregularidades en la asignación al consorcio Soluciones Modernas (SOMO) del proceso de automatización del proceso electoral, registro del Estado Civil y el Registro Electoral.

Dijo que  el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) se valdrá de todos los mecanismos para determinar si ciertamente se produjo alguna irregularidad.

Reiteró   que el Ministerio Público es competente para  investigar toda  acción irregular que pudiese presentarse en una institución pública o hasta privada.

El pasado lunes, la empresa SOMO  sostuvo que la Procuraduría no es la entidad facultada para dirimir ese conflicto entre la JCE y  SOMO.