Quito.- Las conversaciones entre la firma brasileña Odebrecht y el Estado de Ecuador no han permitido “hasta el momento» alcanzar un acuerdo para que la empresa suministre a las autoridades ecuatorianas información sobre los sobornos supuestamente pagados por esa compañía en ese el andino.

La Procuraduría General del Estado dijo hoy en un comunicado que la Fiscalía continuará con las investigaciones abiertas sobre este caso, en el que Ecuador quiere obtener la información necesaria “para perseguir a los responsables de cualquier acto de corrupción en los procesos de contratación de Odebrecht».

El Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, y el Procurador General del Estado, Diego García, se reunieron esta semana en Washington con los representantes y abogados de la empresa en busca del citado pacto y de un acuerdo sobre las indemnizaciones que la multinacional brasileña debería pagar a Ecuador por los daños causados, indicó la primera institución en un comunicado.

El pasado 24 de febrero, la constructora brasileña, acusada del pago de sobornos para adjudicarse contratos públicos en varios países de América Latina y África, dijo que había avanzado en acuerdos para colaborar con la justicia en algunos de los países en los que es investigada.

En diciembre último, el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelo documentos sobre presuntos sobornos efectuados por la constructora brasileña en doce países de América Latina y África.

Los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según el Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.

Sobre Ecuador aseguró que entre 2007 y 2016 la constructora hizo pagos corruptos por valor de más de 35,5 millones de dólares supuestamente a “funcionarios del Gobierno”, lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.

“Solamente cuando se hayan conocido los contratos, el esquema de corrupción utilizado, los montos entregados y la forma como se movió o transfirió ese dinero, se podrá determinar cuáles son las instituciones involucradas y establecer la cuantificación del perjuicio ocasionado, con lo cual se podrá calcular una cifra de indemnización”, indicó la Procuraduría.