La Dirección General de Prisiones anunció ayer que levantará un registro de privados de libertad que cumplieron condenas pero que no disponen de recursos económicos, por lo que siguen presos. Pretende buscar una solución.

La información la dio el titular, Roberto Hernández Basilio, quien dijo que el registro será en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la jueza de Ejecución de la Pena.
Dijo en una nota que hay un Plan Piloto en la penitenciaría Nacional de La Victoria, y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se propone crear un fondo “con el apoyo de beisbolistas” para cubrir esas multas.

Refirió que para obtener su libertad, las personas condenadas que ya han cumplido la totalidad de las penas que le fueron impuestas, deben pagar las multas incluidas en sus sentencias.

El funcionario habló del tema luego del recorrido del defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, por la Penitenciaría Nacional de La Victoria, durante una visita que contó con la presencia de Jonathan Baró Gutiérrez, procurador de corte y coordinador del Gabinete Penitenciario.