Barcelona – Las autoridades catalanas, entre ellas el presidente Carles Puigdemont, y miles de personas más se manifestaron en el centro de Barcelona contra las medidas decididas hoy por el Gobierno español para restablecer el orden constitucional frente el desafío secesionista

. Con gritos de “independencia” y “libertad”, la concentración de protesta transcurrió con el lema “En defensa de los derechos y las libertades” y, según la Guardia Urbana de Barcelona, contó con la presencia de unas 450.000 personas.

La protesta había sido convocada inicialmente, hace unos días, para reclamar la libertad de los líderes de dos entidades sociales independentistas de Cataluña.

Ambos se encuentra en prisión provisional incondicional por orden judicial como sospechosos de un delito de sedición por “promover”, supuestamente, el asedio a la Guardia Civil (cuerpo de seguridad estatal) en Barcelona cuando efectuaba un registro en una dependencia del Gobierno regional el 20 de septiembre pasado.

Al término de la marcha se leyó un manifiesto en el que se anima a los ciudadanos a seguir movilizándose para “defender Cataluña y sus instituciones democráticamente elegidas” y por la libertad de los dos activistas encarcelados por sedición.

El manifiesto de la protesta se ha modificado a lo largo del día de hoy para incluir el rechazo a la decisión del Consejo de Ministros de aplicar el artículo 155 de la Constitución para acabar con el movimiento secesionista y devolver la legalidad constitucional a Cataluña.

“Estamos aquí para rechazar la decisión del Consejo de Ministros de destituir al Gobierno de la Generalitat, escogido democráticamente, e intervenir las instituciones catalanas de manera totalmente injustificada, nombrando a dedo a los responsables”, decía el manifiesto.

El vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, instó hoy a los ciudadanos a participar en la concentración después de que se conociesen las medidas acordadas por el Ejecutivo que preside el conservador Mariano Rajoy.

El Ejecutivo español propuso hoy el cese de Puigdemont y de todo su equipo, limitar las funciones del Parlamento regional y convocar elecciones autonómicas en el plazo máximo de seis meses para restaurar el orden constitucional en esa región.